Ignacio Mora, nuevo socio en el área de Antitrust & Corporate

Tenemos el agrado de anunciar el nombramiento de Ignacio Mora como Socio del área de Antitrust & Corporate. La designación refuerza la práctica que viene desarrollando Julián Razumny, socio del área, y llega en un momento clave para el mercado: mañana, martes 17 de noviembre entra en vigencia en la Argentina el régimen de control previo de concentraciones económicas previsto en la Ley de Defensa de la Competencia N.º 27.442. Con este nuevo sistema, las operaciones que superen los umbrales previstos en la ley deberán obtener la autorización previa de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) antes de su cierre, dejando atrás el esquema de revisión posterior que rigió hasta ahora. El cambio impacta de lleno en el diseño, los plazos y la ejecución de las transacciones, y exige integrar el análisis de competencia desde las primeras etapas de cada operación.

Ignacio Mora – Socio, Antitrust & Corporate – cuenta con más de quince años de experiencia en defensa de la competencia y derecho corporativo. Se incorporó al Estudio en noviembre de 2025 como Counsel del área de Corporate & M&A, para colaborar con la atención de los asuntos antitrust, una práctica que con su nombramiento como Socio se consolida como otra de las áreas estratégicas de la firma.

Su práctica abarca procedimientos de control de concentraciones económicas, investigaciones por abuso de posición dominante y carteles, y el asesoramiento en operaciones de M&A y acuerdos comerciales para compañías locales e internacionales de sectores como telecomunicaciones, medios, fintech y pagos, automotriz y agroquímica. En los últimos años, Ignacio ha liderado algunos de los expedientes de control de concentraciones más relevantes y complejos del mercado argentino, incluidos casos con informes de objeción, en los que tuvo a cargo la estrategia del procedimiento y la negociación exitosa de remedios con la autoridad de competencia.

Antes de sumarse a Tavarone Rovelli Salim Miani, Ignacio desarrolló su carrera en Marval O’Farrell & Mairal (2011–2025). En 2016 se desempeñó como asociado extranjero en Slaughter and May, en Londres y Bruselas, y su trayectoria ha sido reconocida de manera sostenida por los principales rankings y publicaciones legales internacionales, entre ellos Chambers and Partners, The Legal 500, Leaders League y Lexology, que lo destacan como uno de los referentes de la nueva generación en defensa de la competencia y control de concentraciones. Además, fue incluido por Business Today entre los diez abogados especializados en competencia más influyentes de la Argentina.

Ignacio es abogado graduado por la Universidad Blas Pascal (Córdoba). Es Vicedirector de la Comisión de Legales de la Cámara Española de Comercio de la República Argentina, y miembro de la Comisión de Competencia Económica de ICC Argentina y de la Comisión de Defensa de la Competencia del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Con motivo de este nombramiento, Julián Razumny, socio de la firma en el área de Antitrust & Corporate, señaló:

"El nombramiento de Ignacio como Socio es el reconocimiento de años de trabajo en los que demostró un nivel técnico y un criterio estratégico excepcionales. Con la entrada en vigencia del control previo de concentraciones, nuestros clientes necesitan un acompañamiento que integre la mirada corporativa y la de competencia desde el primer día de cada transacción. Sumar a Ignacio como Socio nos permite robustecer un equipo que se encuentra preparado para el nuevo escenario."

Asimismo, Marcelo Tavarone, Managing Partner y socio del área de Banking & Mercado de Capitales, destacó:

"La designación de Ignacio refleja nuestra decisión de seguir fortaleciendo las áreas estratégicas del Estudio y de reconocer el talento que impulsa nuestro crecimiento. La Argentina está iniciando un nuevo ciclo de inversiones y transacciones, y un cambio regulatorio de esta magnitud exige contar con los mejores profesionales. Con este nombramiento reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a los clientes en cada etapa de sus operaciones."

Por su parte, Ignacio comentó:

"Asumir como Socio de Tavarone Rovelli Salim Miani es un enorme orgullo. Desde mi llegada encontré un Estudio con una visión clara, un equipo de primer nivel y un espacio real para desarrollar la práctica. Junto a Julián y al equipo de Antitrust & Corporate, vamos a acompañar a nuestros clientes en la transición al control previo de concentraciones, un cambio estructural que redefine la forma de planificar y ejecutar operaciones en la Argentina."

Con este nombramiento, consolidamos nuestra práctica de Antitrust & Corporate, y continuamos posicionándonos como una de las firmas full-service líderes del mercado legal argentino, reconocida por nuestra capacidad de ofrecer asesoramiento integral en asuntos corporativos, regulatorios y contenciosos de alta complejidad.

 

***

Comunicación:
Paula Cafferata, paula.cafferata@tavarone,com
Belén López de Paul, belen.lopez.de.paul@tavarone,com
Sofía Quesada, sofia.quesada@tavarone.com


Provincia de Buenos Aires: Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O.)


El 6 de noviembre pasado, se publicó en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires la Resolución 260/2026 del Ministerio de Trabajo provincial, mediante la cual se impone a las empresas la presentación de una declaración jurada mensual que debe contener información laboral respecto del personal que se desempeña en esa jurisdicción provincial.

Los principales lineamientos de esta resolución son los siguientes:

- Vigencia: la declaración jurada deberá presentarse por mes vencido a partir del período enero de 2027. La primera presentación vencerá entonces el último día hábil de febrero de ese año, la segunda, correspondiente a febrero, el último día hábil de marzo de 2027 y así, sucesivamente.

- Sujetos alcanzados: quedan comprendidos todos los empleadores que ocupen personal en relación de dependencia dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires.

- Forma y plazo: el formulario debe presentarse de manera electrónica a través del Portal de Trabajo (Resolución MT 147/24) y debe estar firmado digitalmente por el empleador.

- Contenido: incluye el monto total de los salarios abonados en el período, con detalle de los conceptos remunerativos, no remunerativos y el importe neto total, y el método de control de jornada utilizado; ello, respecto a todo el personal, independientemente de la modalidad de contratación, siempre que trabajen en establecimientos situados en la provincia.

- Documentación respaldatoria: deberán adjuntarse mensualmente los recibos de haberes de la totalidad del personal alcanzado y los comprobantes de acreditación del pago en cuenta sueldo (art. 124 de la LCT), cada uno en un único archivo PDF por concepto.

- Acuerdos sobre jornada: los acuerdos individuales, plurindividuales o colectivos que regulen la jornada de trabajo o prevean regímenes de compensación de horas extraordinarias, banco de horas o descansos compensatorios deberán acompañarse con el F.U.T.U.R.O. del mes siguiente al de su suscripción, informando su plazo de vigencia.

- Obligación de guarda: los empleadores deberán conservar las presentaciones, sus constancias de recepción y la documentación respaldatoria por un plazo mínimo de dos años contados desde la exigibilidad de los créditos laborales respectivos.

- Sanciones: la falta de presentación en tiempo y forma, la falsedad de los datos declarados y la comprobación de incumplimientos a la normativa laboral habilitarán la aplicación de sanciones.

***

Para información adicional, por favor contactar a Federico M. Basile o Manuel D'Ambrosio.


ARCA prorroga el inicio de juicios y embargos para entidades sin fines de lucro, empresas del sector de salud, MiPyMEs y pequeños contribuyentes

 

El 4 de noviembre de 2026 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 1899/2026 del Ministerio de Economía, que prorroga y amplía la suspensión del inicio de los juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta el 30 de junio de 2027, inclusive.

Hasta ahora, la suspensión alcanzaba solo a las entidades sin fines de lucro y al sector salud, y vencía el 31 de diciembre de 2026. La Resolución extiende ese plazo  y vuelve a incluir a las MiPyMEs y a los pequeños contribuyentes, que habían quedado fuera del beneficio desde el 1° de enero de 2025.

Sujetos comprendidos

  • MiPyMEs (micro, pequeñas y medianas —Tramos 1 y 2—): con “Certificado MiPyME” vigente al 29 de octubre de 2026, fecha de dictado de la Resolución (art. 3°).
  • Pequeños contribuyentes: personas humanas y sucesiones indivisas consideradas como tales en los términos que determine ARCA (art. 3°).
  • Entidades sin fines de lucro: registradas ante ARCA al 29 de octubre de 2026, conforme los parámetros que fije ese organismo (arts. 1° y 2°).
  • Sector salud: contribuyentes pertenecientes al sector, según los parámetros de ARCA y, de corresponder, la información que le proporcione el Ministerio de Salud (art. 1°).

Aspectos principales

1. Plazo y vigencia

La suspensión rige hasta el 30 de junio de 2027, inclusive. La Resolución entró en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial (art. 4°).

2. Fecha de corte

Tanto la vigencia del Certificado MiPyME como la registración de las entidades sin fines de lucro se verifican al 29 de octubre de 2026, y no a la fecha de publicación. En consecuencia, en principio no quedarían alcanzadas las empresas que obtengan o renueven el certificado con posterioridad a esa fecha.

3. Instrumentación por ARCA

La Resolución no dispone la suspensión por sí misma, sino que encomienda a ARCA hacerlo. El organismo deberá dictar una resolución general, como lo hizo con la RG 5628/2024 y sus prórrogas (RG 5736/2025, 5806/2025 y 5885/2026) y, respecto de MiPyMEs y pequeños contribuyentes, con las RG 5482/2024 y 5532/2024, que fije los parámetros de los sujetos alcanzados y las excepciones. En esas normas, ARCA dejó a salvo el ejercicio de sus facultades “en casos de grave afectación de los intereses del Fisco, caducidad de instancia o prescripción inminente”. A la fecha de esta publicación, ARCA aún no ha dictado la resolución general correspondiente.

Comentarios:

El contribuyente deberá verificar la vigencia del Certificado MiPyME al 29 de octubre de 2026 para ver si se encuentra encuadrado en la suspensión. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la Resolución no condona la deuda ni suspende el devengamiento de intereses, y solo alcanza el inicio de nuevos juicios y la traba de nuevas medidas cautelares: no paraliza las ejecuciones fiscales ya iniciadas ni dispone el levantamiento de los embargos ya trabados.

 

***

Para información adicional, por favor contactar a Gastón Miani, María de los Ángeles Olano,  Leonel Zanotto, Bárbara Durante o Paul Navarrete.

 

El presente tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento profesional.


Emisión de Obligaciones Negociables Clase 17 y Clase 18 de Grupo ST S.A. por un valor nominal de US$ 6.108.085 y $ 17.583.000.000, respectivamente

Asesores legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., ST Securities S.A.U., Banco Patagonia S.A., Invertironline S.A.U., Provincia Bursátil S.A., Puente Hnos. S.A., Schweber Securities S.A., Buenos Aires Valores S.A., Nuevo Chaco Bursátil S.A., GMC Valores S.A., Allaria S.A. y Latin Securities S.A., como agentes colocadores en la emisión de fecha 30 de octubre de 2026 por parte de Grupo ST S.A. de las obligaciones negociables clase 17 a una tasa de interés fija nominal anual de 6,5%, con vencimiento el 3 de noviembre de 2027, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en el país, a ser suscriptas e integradas en Dólares en Argentina y/o en especie mediante la entrega de las obligaciones negociables clase 14, por un valor nominal de US$ 6.108.085 (las “Obligaciones Negociables Clase 17”); y las obligaciones negociables clase 18 a tasa TAMAR más un margen fijo de 6,00%, con vencimiento el 30 de octubre de 2027, denominadas y pagaderas en Pesos argentinos y a ser suscriptas e integradas en Pesos en Argentina y/o en especie mediante la entrega de las obligaciones negociables clase 15 y/u obligaciones negociables clase 16, por un valor nominal de $ 17.583.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 18”, y junto con las Obligaciones Negociables Clase 17, las “Obligaciones Negociables”) en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta US$ 250.000.000 (o su equivalente en otras monedas).

Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., ST Securities S.A.U., Banco Patagonia S.A., Invertironline S.A.U., Provincia Bursátil S.A., Puente Hnos. S.A., Schweber Securities S.A., Buenos Aires Valores S.A., Nuevo Chaco Bursátil S.A., GMC Valores S.A., Allaria S.A. y Latin Securities S.A. actuaron como agentes colocadores. A su vez, Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. actuó como agente de liquidación de las Obligaciones Negociables.


Inocencia Fiscal y Prevención de Lavado de Activos: la UIF reglamenta el tratamiento de los contribuyentes del Régimen Simplificado de Ganancias

 

Con fecha de hoy (3 de noviembre de 2026 ) se publicó en el Boletín Oficial la Resolución N° 144/2026 (la “Resolución”) de la Unidad de Información Financiera (“UIF”), que establece un régimen específico de Antecedente Favorable y de Debida Diligencia Simplificada Especial (“DDSE”). Rige para los sujetos obligados cuando intervienen en operaciones de ingreso de fondos o activos al sistema financiero formal de personas humanas y sucesiones indivisas adheridas al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias (Capítulo III, Título II, Ley N° 27.799).

La UIF la dicta en cumplimiento de la instrucción del artículo 40 bis de la Ley N° 27.799 (incorporado por la Ley N° 27.826). Su finalidad, según los considerandos, es que una inconsistencia de naturaleza exclusivamente fiscal no sea asimilada automáticamente a un indicador de origen delictivo, sin alterar las obligaciones de la Ley N° 25.246. A continuación se resumen sus aspectos principales.

Ámbito de aplicación

  • Sujetos obligados: los enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 que intervengan en operaciones comprendidas, esto es, las canalizadas conforme al artículo 40 bis de la Ley N° 27.799 (arts. 3° y 5° inc. b).
  • Clientes: personas humanas y sucesiones indivisas adheridas al régimen, condición que el sujeto obligado debe verificar mediante el servicio de validación que establezca la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (“ARCA”). Quedan excluidos los Grandes Contribuyentes Nacionales y los funcionarios públicos del artículo 38 bis de la Ley N° 27.799 (art. 4°).

Según los considerandos, el artículo 10 de la Resolución General ARCA N° 5820/2026 entiende incorporados al sistema formal los activos operados en cuentas bancarias, billeteras virtuales, cuentas comitentes y cuentas en Proveedores de Servicios de Activos Virtuales inscriptos ante la CNV.

La adhesión como antecedente favorable (arts. 2° a 9°)

La aplicación del antecedente favorable es obligatoria cuando se verifican conjuntamente: (i) la adhesión del cliente, (ii) la canalización de la operación por los medios previstos en el artículo 40 bis y (iii) la ausencia de causales de exclusión. Esas causales son: que el cliente figure como no adherido, suspendido o excluido; que sea Gran Contribuyente Nacional o funcionario del artículo 38 bis; o que figure en el RePET o esté sujeto a medidas de congelamiento dispuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU (art. 8°).

La adhesión opera como factor mitigante, “en forma conjunta con los demás factores de riesgo” (art. 2°); no equivale a una calificación automática de bajo riesgo. Para clientes existentes, se considera al actualizar el perfil de riesgo o desde la entrada en vigencia, a elección del sujeto obligado (art. 7°).

En materia de monitoreo (art. 9°), respecto de clientes adheridos:

  • los depósitos o pagos en efectivo no configuran, por sí solos, un indicador suficiente de riesgo o sospecha;
  • la falta de documentación sobre el circuito cambiario por el que se adquirió la moneda extranjera depositada no es, aisladamente, un elemento determinante para calificar una operación como sospechosa;
  • la ausencia de respaldo documental completo de ahorros históricos no constituye, por sí sola, indicio de ilicitud.

Cuando la operación no queda comprendida en la DDSE, el sujeto obligado debe formarse un juicio razonable sobre su consistencia con el perfil del cliente, su capacidad de ahorro histórica, su actividad declarada y su historial transaccional.

Debida Diligencia Simplificada Especial (arts. 10° a 17°)

Umbral. La DDSE se aplica mientras el monto acumulado de las operaciones canalizadas en el año calendario no supere el umbral del primer párrafo del artículo 1° del Régimen Penal Tributario (actualmente es de $100.000.000.), en moneda nacional o su equivalente en moneda extranjera (art. 11). Los considerandos fundan el umbral en que, por debajo de ese monto, la evasión tributaria no configura delito y, por lo tanto, no puede operar como ilícito precedente de lavado de activos.

Medidas aplicables (arts. 12° y 16°). El sujeto obligado debe: identificar y verificar al cliente (con técnicas biométricas rigurosas y auditables si el alta es no presencial); consultar la adhesión dejando registro de fecha y resultado; controlar el RePET y las medidas de congelamiento; aplicar la resolución UIF vigente sobre Personas Expuestas Políticamente; verificar el monto acumulado frente al umbral; mantener actualizada la verificación de adhesión con la periodicidad que determine; controlar causales sobrevinientes; y reportar operaciones sospechosas, con independencia del monto.

Medidas no exigibles (art. 15). Siempre que no concurran causales de exclusión: copias de documentación respaldatoria de la actividad económica; acreditación del origen de fondos, ingresos o patrimonio; información adicional sobre el propósito de la relación cuando éste pueda inferirse de la operación; y verificación de consistencia con la capacidad de ahorro.

Exclusiones (art. 14). La DDSE no se aplica si el cliente no está adherido, suspendido o excluido; es PEP; mantiene relaciones u operaciones con jurisdicciones bajo monitoreo intensificado del GAFI, de alto riesgo o no cooperantes en transparencia fiscal (art. 24, Anexo del Decreto N° 862/2019); transfiere valores negociables o activos virtuales desde esas jurisdicciones; existen factores de riesgo específicos, materiales y documentados incompatibles con el régimen; o hay elementos de sospecha de LA/FT/FP, cualquiera sea el monto. Las operaciones fraccionadas para quedar por debajo del umbral se acumulan y, si el patrón evidencia una fragmentación deliberada, excluyen la DDSE y pueden ser reportadas (art. 13).

Superado el umbral, rigen las disposiciones del Capítulo II (antecedente favorable) y, en lo no previsto, las resoluciones UIF sectoriales (arts. 11 y 17).

Seguridad jurídica y supervisión (arts. 18° a 21°)

La aplicación correcta de estos criterios constituye, para el sujeto obligado, cumplimiento de sus obligaciones de debida diligencia, aun cuando se determine posteriormente que el cliente no reunía las condiciones del régimen, que fue excluido o que los fondos tenían origen ilícito. La salvedad es que se acredite que el sujeto obligado conocía esas circunstancias o que resultaban manifiestas a partir de la información obrante en su poder (art. 18).

La supervisión opera en dos sentidos. La aplicación sistemática e injustificada de medidas inconsistentes con el perfil de riesgo puede ser valorada por la UIF y los organismos de contralor como contraria al principio de proporcionalidad (art. 19). A la vez, éstos verificarán que los procedimientos reflejen los umbrales y condiciones de la Resolución y que la DDSE se aplique efectivamente (art. 20). Se mantienen, con independencia del monto, el control del RePET y de las listas del Consejo de Seguridad, el reporte de operaciones sospechosas, los reportes sistemáticos y la conservación de documentación (art. 21).

Vigencia

La Resolución entra en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial (art. 23). Los sujetos obligados deben adecuar sus procedimientos y manuales dentro de los 60 días corridos contados desde su entrada en vigencia (art. 22).

Puntos que la Resolución deja abiertos

  • Alcance del artículo 18. La salvaguarda opera sobre las obligaciones de debida diligencia y en el plano de la supervisión administrativa. No alcanza el deber de reportar (art. 21 inc. c), y su excepción —que el sujeto obligado “conocía” o que la circunstancia era “manifiesta”— remite a una cuestión de prueba que debe examinarse caso por caso. Se trata de una norma administrativa: a nuestro criterio, no debe leerse como un blindaje en sede penal, donde la valoración de lo que el sujeto obligado sabía corresponde al juez.
  • Cómputo del umbral. Los artículos 11, 13 y 16 inc. a) no aclaran si el monto acumulado se mide por sujeto obligado o de modo consolidado entre entidades, ni qué ocurre con las operaciones del año cuando el umbral se supera durante el período. El artículo 13 solo contempla la fragmentación deliberada. Conviene fijar un criterio en los manuales y documentarlo.
  • Naturaleza del umbral. Se mide sobre el monto operado y no sobre el impuesto eventualmente evadido. A nuestro entender, esa diferencia juega del lado de la cautela, pero la Resolución no la desarrolla. Además, el fundamento del umbral descarta únicamente la evasión como ilícito precedente: los fondos pueden provenir de otros delitos, de allí las exclusiones del artículo 14 y el deber de reporte.
  • Transición. La obligatoriedad rige desde la vigencia, pero la adecuación de procedimientos admite 60 días. Sugerimos documentar un plan de adecuación con el criterio aplicado durante ese lapso.

En síntesis, la Resolución aporta una regla formal que ordena el tratamiento de los contribuyentes adheridos al régimen simplificado y reduce el riesgo de decisiones defensivas. Su eficacia dependerá de que cada sujeto obligado traduzca estos criterios a procedimientos internos claros y defendibles.

 

***

Para información adicional, por favor contactar a Gastón Miani, Leonel Zanotto y/o María de los Ángeles Olano.


Asesoramos en una nueva emisión de acciones de Inversora Juramento

Inversora Juramento S.A. (la “Sociedad”) llevó a cabo exitosamente la oferta pública de hasta 172.666.962 nuevas acciones ordinarias escriturales Clase B, de valor nominal $1 y con derecho a un voto por acción. En el marco de la oferta, se adjudicaron 166.799.212 nuevas acciones exclusivamente a los titulares de cupones que ejercieron su derecho de suscripción preferente. El precio de suscripción fue fijado por la Sociedad en $465 por cada nueva acción, y el monto total adjudicado ascendió a $77.561.633.580.

Del total de nuevas acciones adjudicadas, 166.774.188 fueron integradas mediante la capitalización de un aporte irrevocable efectuado por accionistas de la Sociedad, por un monto equivalente a US$56.400.000, el cual fue destinado a financiar la adquisición del 100% del capital social de Estancia Albardón S.A.U. (ex Pallaro Hermanos S.A.C.I.F.), sociedad propietaria de un campo de aproximadamente 24.000 hectáreas y de alrededor de 16.000 cabezas de ganado en la Provincia de Salta. Las 25.024 nuevas acciones restantes fueron integradas en efectivo. Por su parte, la Sociedad destinará los fondos provenientes de la suscripción en efectivo a la cancelación de deudas, al fortalecimiento de su estructura patrimonial y al financiamiento de su capital de trabajo.

La Sociedad es una de las empresas agrícola-ganaderas más importantes del país, con sede en el noroeste argentino. Su principal actividad es la producción de carne en todas sus etapas (cría, recría y engorde a corral) y, en menor medida, la agricultura, orientada a la producción de granos para el engorde del ganado propio y para la venta a terceros. A través de su controlada Frigorífico Bermejo S.A., titular de la planta de procesamiento de carne de mayor capacidad de la Provincia de Salta, la Sociedad participa además en la faena, elaboración y comercialización de productos cárnicos, tanto para el mercado local como para la exportación. La Sociedad concentra sus actividades en la Provincia de Salta, donde cuenta con aproximadamente 113.500 hectáreas, y sus acciones Clase B listan en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. bajo el símbolo “INVJ”.

Caja de Valores S.A. actuó como Agente de Suscripción de las nuevas acciones.

Participaron en la transacción nuestros equipos de Banking y de Corporate. El equipo de Banking fue liderado por el socio Francisco Molina Portela e integrado por los asociados Juan Cruz Carenzo, Juan Pablo Reinoso, Gonzalo Facundo Taboada y Francisco Lemesoff. El equipo de Corporate fue liderado por el socio Federico Salim e integrado por los asociados Cristian Bruno, Manuela Cané y Catalina Rodriguez Giesso.


Creación del Programa y primera emisión de Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas de Colgas S.A.

Asesores legales de Colgas S.A. en la creación de un programa global para la emisión de obligaciones negociables PYME CNV garantizadas por hasta V/N UVA 20.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor), constituido bajo el régimen de oferta pública con autorización automática por su bajo impacto, y de la emisora y los agentes colocadores en la primera emisión de las obligaciones negociables PYME CNV garantizadas clase I en el marco de dicho programa, por un valor nominal de $3.000.000.000. Las obligaciones negociables PYME CNV garantizadas están denominadas, integradas y pagaderas en pesos, devengan intereses a una tasa de interés variable y vencen a los 24 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación. Tienen un valor nominal unitario de $1 y se encuentran totalmente garantizadas por Garantizar S.G.R.

GMC Valores S.A. actuó como organizador, agente colocador y agente de liquidación, mientras que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., BiBank S.A. y Zofingen Securities S.A. actuaron como agentes colocadores.


Asesoramos en la creación del Fondo Común de Inversión Cerrado SIMON HOTEL

Asesoramos a Balanz Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A.U., a Balanz Capital Valores S.A.U. y a Macro Securities S.A.U. en la emisión del primer tramo de Cuotapartes Clase A de copropiedad del Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario "Simon Hotel", por un valor nominal de $49.176.637.000 (aproximadamente US$ 32 millones).

El fondo destinará el producido de la colocación a la construcción y explotación comercial de un hotel de categoría premium de aproximadamente 500 habitaciones, a ser edificado sobre un inmueble de aproximadamente 36.800 m² en la intersección de las calles Godoy Cruz y Costa Rica, en el barrio de Palermo, que contempla además un salón de eventos, locales comerciales y un estacionamiento de aproximadamente 300 cocheras.

El hotel será operado bajo la marca "Simon Hotel", creada por Patricio Fuks y Alejandro Frenkel, fundadores de Fen Hoteles. A través del fondo, se permite a los inversores participar desde $1.000 en el emprendimiento, desde su etapa de desarrollo y durante la etapa de explotación comercial posterior, y las cuotapartes se encuentran listadas para su negociación secundaria en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA), bajo el ticker "HSIM".


Entró en vigor el Protocolo de Enmienda al Convenio de Doble Imposición con Francia

Baja de alícuotas en la fuente, establecimiento permanente por servicios y nueva cláusula de nación más favorecida, con efectos desde el 1° de enero de 2027

 

El pasado 26 de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto publicó en el Boletín Oficial, conforme a lo previsto en la Ley 24.080, el aviso por medio del cual se dio a conocer la entrada en vigor, a partir del 22 de octubre de 2026, del Protocolo de Enmienda al Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Francesa a fin de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, suscripto en Buenos Aires el 6 de diciembre de 2019 y aprobado por la Ley 27.814.

El Protocolo de Enmienda modifica el Convenio suscripto el 4 de abril de 1979, en su redacción según el Protocolo modificatorio del 15 de agosto de 2001. Conforme a su artículo 10, apartado 1, el Protocolo de Enmienda entra en vigor el trigésimo día siguiente a la recepción de la última de las notificaciones por las que ambos Estados se comunican, por vía diplomática, el cumplimiento de sus procedimientos legales internos, lo que, según el aviso oficial, ocurrió el 22 de octubre de 2026. Cabe destacar, sin embargo, que su entrada en vigor no implica su aplicación inmediata. En efecto, el apartado 2 del mismo artículo dispone que sus cláusulas surtirán efecto a partir del 1° de enero del año calendario siguiente al de su entrada en vigor, es decir: (a) respecto de los impuestos retenidos en la fuente, sobre los montos pagados a partir del 1° de enero de 2027; y (b) respecto de los demás impuestos sobre la renta y el patrimonio, para los años fiscales que comiencen a partir de esa misma fecha. En consecuencia, los contribuyentes cuyo ejercicio fiscal no coincida con el año calendario recién podrán aplicar las nuevas disposiciones, en lo que respecta a estos impuestos, a partir del primer ejercicio que se inicie con posterioridad al 1° de enero de 2027.

Principales modificaciones

1. Establecimiento permanente: obras y prestación de servicios

Por medio del artículo 1 del Protocolo de Enmienda se sustituyó el apartado 3 del artículo 5 del Convenio, que regula los supuestos especiales de establecimiento permanente. Los cambios introducidos son los siguientes:

  • Obras de construcción: se mantiene el plazo de seis meses a partir del cual una obra configura un establecimiento permanente. La modificación es meramente terminológica: donde el texto anterior aludía a “una edificación o un proyecto de construcción o de montaje”, la nueva redacción se refiere a “una obra de construcción o un proyecto de instalación”.
  • Establecimiento permanente por servicios: se incorporó una figura que el Convenio no contemplaba. A partir de su aplicación, el término “establecimiento permanente” también comprende:
    “b) La prestación de servicios, incluidos los servicios de consultoría, por una empresa a través de empleados u otro personal contratado por la empresa para ese propósito, pero sólo si este tipo de actividades se lleva a cabo en un Estado, para un mismo proyecto o un proyecto conexo, por un periodo o periodos que totalicen más de ciento ochenta y tres (183) días dentro de un periodo de doce (12) meses que comience o finalice en el año fiscal dado”.

2. Dividendos

Por medio del artículo 2 del Protocolo de Enmienda se sustituyó íntegramente el artículo 10 del Convenio. Las principales modificaciones son las siguientes:

  • Alícuotas máximas en la fuente (ap. 2): se reemplazó el límite único del 15% por un esquema de dos alícuotas: (a) un 10% del monto bruto, cuando el beneficiario efectivo sea una sociedad que posea directamente al menos el 25% del capital de la sociedad pagadora durante un período de 365 días que incluya el día del pago (a estos fines, no se computan los cambios de titularidad que resulten directamente de una reorganización, como una fusión o una escisión); y (b) un 15% en los demás casos.
  • Definición de dividendos (ap. 3): se actualizó la definición, que quedó redactada de la siguiente forma: “El término «dividendos» usado en este artículo comprende los rendimientos de acciones, acciones o bonos de goce, participaciones mineras, partes de fundador u otros derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así como las rentas sometidas al régimen de distribución de beneficios por la legislación fiscal del Estado en que resida la sociedad que las distribuya.”
  • Eliminación del anterior apartado 5: se suprimió la disposición que permitía a los residentes argentinos obtener el reembolso del impuesto a cuenta francés relativo a los dividendos distribuidos por sociedades francesas.
  • Prohibición de la imposición extraterritorial (ap. 5, anterior ap. 6): se mantiene, con ajustes de redacción menores, la regla según la cual, cuando una sociedad residente de un Estado obtenga beneficios o rentas procedentes del otro Estado, este último no podrá gravar los dividendos que pague la sociedad, salvo que se paguen a uno de sus residentes o que la participación que los genere esté efectivamente vinculada con un establecimiento permanente o una base fija allí situados. Tampoco podrá someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un impuesto sobre los mismos, aun cuando los dividendos pagados o los beneficios no distribuidos provengan, total o parcialmente, de ese otro Estado.
  • Vehículos de inversión inmobiliaria (ap. 6): se incorporó un tratamiento específico para los dividendos distribuidos, a partir de rentas de bienes inmuebles, por vehículos de inversión que distribuyen anualmente la mayor parte de sus beneficios y cuyas rentas inmobiliarias se encuentran exentas. Estos dividendos podrán gravarse en el Estado de la fuente hasta un 15%, salvo que el beneficiario efectivo posea, directa o indirectamente, al menos el 10% del capital del vehículo, en cuyo caso no rige límite convencional.
  • Impuesto sobre las rentas de establecimientos permanentes (ap. 7): se sustituyó el régimen asimétrico previsto en los anteriores apartados 7 y 8, que permitía a Francia aplicar un impuesto de hasta el 5% sobre los beneficios del establecimiento permanente de una sociedad argentina y a la Argentina gravar los beneficios del establecimiento permanente de un residente de Francia hasta el monto del impuesto corporativo argentino, incrementado en un 15% de los beneficios determinados previa deducción de dicho impuesto. En su lugar, se estableció una regla común para ambos Estados: el impuesto adicional no podrá exceder la alícuota prevista en el subapartado a) del apartado 2, es decir, el 10%. Cabe advertir que, para Francia, el nuevo límite implica un incremento respecto del 5% anterior, mientras que para la Argentina importa una reducción respecto del tope del 15%.

3. Intereses

Por medio del artículo 3 del Protocolo de Enmienda se sustituyó el artículo 11 del Convenio, con las siguientes modificaciones:

  • Alícuota máxima en la fuente: se redujo del 20% al 12% del monto bruto el límite a la imposición en el Estado de la fuente, cuando el beneficiario efectivo sea residente del otro Estado.
  • Imposición exclusiva en el Estado de residencia: se amplió el universo de intereses que solo pueden gravarse en el Estado de residencia del beneficiario efectivo. El texto anterior limitaba este tratamiento a los intereses pagados entre Estados o establecimientos públicos y a los derivados de préstamos efectuados, avalados o asegurados por determinados establecimientos públicos, expresamente enumerados, sin perjuicio de que las autoridades competentes podían extenderlo de común acuerdo a otros establecimientos públicos. La nueva redacción deja sin efecto dichos supuestos reemplazándolos por los siguientes intereses: (a) cuyo beneficiario efectivo o pagador sea un Estado, una autoridad local o territorial o una entidad de derecho público, incluido el Banco Central; (b) pagados por créditos o préstamos garantizados, asegurados o subsidiados por un Estado o por otra persona que actúe por su cuenta; (c) pagados en conexión con la venta a plazo de equipos industriales, comerciales o científicos; y (d) pagados por préstamos otorgados en términos preferenciales por más de tres años por una institución de crédito.En cuanto a qué debe entenderse por “términos preferenciales”, el artículo 8 del Protocolo de Enmienda incorporó un nuevo punto 10 al Protocolo del Convenio, según el cual
  • Definición de intereses (ap. 4): se aclaró expresamente que las penalidades por mora en el pago no serán consideradas intereses.

4. Regalías

Por medio del artículo 4 del Protocolo de Enmienda se sustituyó el apartado 2 del artículo 12 del Convenio, que fija los límites a la imposición en la fuente. Las modificaciones son las siguientes:

  • Alícuotas máximas en la fuente: se reemplazó el tope del 18%, que alcanzaba únicamente a los derechos de autor y a los pagos por patentes, marcas, know-how y estudios técnicos, por un esquema de tres alícuotas sobre el monto bruto, aplicable cuando el beneficiario efectivo sea residente del otro Estado: (a) 3% para el uso o la concesión del uso de noticias internacionales; (b) 5% para los derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, excepto películas cinematográficas y películas u obras grabadas para radio o televisión; y (c) 10% en todos los demás casos.
  • Condición de aprobación de los contratos: se suprimió la exigencia por la cual la Argentina solo aplicaba el límite si los contratos habían sido aprobados por sus autoridades competentes conforme a la ley sobre transferencia de tecnología. Como se verá a continuación, esta condición fue reemplazada por un requisito de registro, previsto en el nuevo punto 6 c) del Protocolo del Convenio.
  • Definición de regalías: se mantiene sin cambios el apartado 3 del artículo 12, por lo que continúan comprendidos en el concepto de regalías, entre otros, los pagos por el uso de equipos industriales, comerciales o científicos y por trabajos de estudio o investigación de naturaleza científica o técnica.

Por su parte, mediante el artículo 6 del Protocolo de Enmienda se renumeró el punto 6 del Protocolo del Convenio como punto 6 a) y se incorporaron los subapartados b), c) y d), que precisan el alcance del artículo 12 en los siguientes aspectos:

  • Noticias internacionales de establecimientos públicos (punto 6 a): se mantiene la exención de los pagos por el uso o la concesión del uso de noticias internacionales suministradas por un establecimiento público de uno de los Estados.
  • Derechos de autor (punto 6 b): el límite del 5% resulta aplicable únicamente cuando el beneficiario efectivo sea el autor o sus herederos. En los demás casos, la imposición en el Estado de la fuente no podrá exceder del 15%.
  • Registro de los contratos (punto 6 c): el límite del 10% procede “siempre que los contratos de transferencia de tecnología se hayan registrado de conformidad con lo previsto en su legislación interna”. En caso contrario, el tope asciende al 15%. A diferencia del texto anterior, que solo condicionaba la aplicación del límite por parte de la Argentina, la exigencia rige ahora para ambos Estados.
  • Estudios técnicos (punto 6 d): se precisó el alcance del inciso c) del apartado 3 del artículo 12 en los siguientes términos:
    “d) Se entiende que el subapartado c) del apartado 3 del artículo 12 del Convenio no comprende los servicios estandarizados, sino estudios, investigaciones o encuestas personalizados que consistan en producciones escritas en donde el proveedor debe dar muestra de una habilidad especial que exija un mayor nivel de conocimientos que el habitual propio de su profesión. Dichos estudios, investigaciones o encuestas deben estar relacionados con la mejora de métodos o procedimientos industriales, comerciales o administrativos que sean o no implementados por el cliente, sin perjuicio de la intervención del proveedor”.

5. Ganancias de capital

Por medio del artículo 5 del Protocolo de Enmienda se sustituyó el apartado 4 del artículo 13 del Convenio. Hasta ahora, esa disposición remitía a la legislación de cada Estado para la enajenación de cualquier bien no comprendido en los apartados anteriores, incluidas las acciones, sin establecer límite alguno. En su lugar, se incorporaron tres apartados:

  • Sociedades con activos inmobiliarios (ap. 4): las ganancias derivadas de la enajenación de acciones, derechos o participaciones comparables en una sociedad, fideicomiso u otra entidad podrán gravarse en el Estado en que se sitúen los inmuebles cuando, en cualquier momento durante los 365 días anteriores a la enajenación, su valor provenga, directa o indirectamente, en más de un 50% de bienes inmuebles situados en ese Estado. A tal efecto, no se computa “la propiedad inmueble afectada al propio giro del negocio por la sociedad, fideicomiso o entidad”.
  • Restantes acciones (ap. 5): las ganancias derivadas de la enajenación de acciones u otras participaciones representativas del capital de una sociedad residente del otro Estado podrán gravarse en ese Estado con un límite del 10% de la ganancia, si el enajenante poseía al menos el 25% del capital, y del 15% en los demás casos.
  • Restantes bienes (ap. 6): la enajenación de cualquier otro bien que no tenga un tratamiento específico en el Convenio continúa sujeta a la legislación de cada Estado.

6. Nueva cláusula de nación más favorecida

Por medio del artículo 7 del Protocolo de Enmienda se sustituyó el punto 7 del Protocolo del Convenio. Mientras que el texto anterior solo permitía a Francia invocar esta cláusula respecto de los estudios técnicos, la nueva redacción amplía sensiblemente su alcance: si la Argentina, en un convenio celebrado con otro Estado después del 6 de diciembre de 2019, acuerda una alícuota más baja o un tratamiento más favorable que los previstos en el Convenio, esa alícuota o ese tratamiento se aplicarán automáticamente en la relación con Francia, sin necesidad de renegociación. Los beneficios se trasladan en las mismas condiciones pactadas con el otro Estado y a partir del momento en que la disposición pertinente de ese otro convenio resulte aplicable. La cláusula alcanza a los límites a la imposición en la fuente sobre dividendos (art. 10, ap. 2), al tratamiento de los intereses (art. 11, aps. 2 y 3) y de las regalías (art. 12, aps. 2 y 3), a las ganancias derivadas de la enajenación de acciones y de otros bienes (art. 13, aps. 5 y 6), a los supuestos especiales de establecimiento permanente, incluido el de prestación de servicios (art. 5, ap. 3), y a las rentas por servicios personales independientes (art. 14).

7. Estudiantes y practicantes

Por medio del artículo 9 del Protocolo de Enmienda se incorporó un nuevo punto 11 al Protocolo del Convenio, según el cual, a los fines del artículo 20, la expresión “practicante” incluye a toda persona que participe en el programa francés de Volontariat international o en cualquier otro programa idéntico o sustancialmente similar que entre en vigor en cualquiera de los Estados luego del 6 de diciembre de 2019.

Comentarios finales

En síntesis, el Protocolo de Enmienda actualiza el Convenio en sus aspectos centrales: reduce los límites a la imposición en la fuente sobre dividendos, intereses y regalías, fija por primera vez topes para la enajenación de participaciones societarias e incorpora el establecimiento permanente por prestación de servicios, cambio que, junto con la eliminación del límite para ciertos dividendos distribuidos por vehículos de inversión inmobiliaria y el aumento del tope del impuesto sobre las rentas de establecimientos permanentes aplicable por Francia, amplía la potestad tributaria del Estado de la fuente. A ello se suma que el Convenio debe interpretarse junto con las disposiciones del Instrumento Multilateral (MLI), en vigor para la Argentina desde el 1° de enero de 2026, que le resultan aplicables, en particular la cláusula antiabuso de propósito principal, y que los pagos que se efectúen hasta el 31 de diciembre de 2026 en materia de retenciones en la fuente, así como los años fiscales iniciados antes del 1° de enero de 2027, continúan sujetos al régimen anterior.

Por último, debe tenerse presente que las alícuotas previstas en el Convenio constituyen límites máximos a la imposición en el Estado de la fuente y no alícuotas de aplicación obligatoria. En consecuencia, en cada caso deberá analizarse si resulta más conveniente la aplicación de las nuevas disposiciones del Convenio o la de la normativa interna.

 

***

Para información adicional, por favor contactar a Gastón Miani, María de los Ángeles Olano,  Leonel Zanotto, Bárbara Durante o Paul Navarrete.

 

El presente tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento profesional.


ARBA y AGIP implementan beneficios para regularizar deudas tributarias hasta el 31 de diciembre de 2026

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (“ARBA”) y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires (“AGIP”) dictaron normas que otorgan beneficios para la regularización de deudas tributarias, con plazo de acogimiento hasta el 31 de diciembre de 2026.

Los regímenes difieren en su alcance: el de ARBA comprende los Impuestos sobre los Ingresos Brutos, de Sellos, Inmobiliario y a los Automotores, e incluye deudas en discusión administrativa y en ejecución judicial; el de AGIP se limita al Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros y a Patentes sobre Vehículos en General, y solo alcanza deudas en sede administrativa.

A continuación, se resumen sus principales aspectos.

1. ARBA: Resolución Normativa N° 23/2026

El 23 de octubre de 2026 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires la Resolución Normativa N° 23/2026 (la “RN 23/2026”) de ARBA, que rige desde el 26 de octubre de 2026. La norma establece condiciones especiales y beneficios adicionales para quienes, entre el 26 de octubre y el 31 de diciembre de 2026, ambas fechas inclusive, regularicen deudas de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos, de Sellos, Inmobiliario y a los Automotores.

La RN 23/2026 no establece un nuevo régimen de regularización. Se aplica sobre los regímenes permanentes de planes de pago que ya estaban vigentes:

  • la Resolución Normativa N° 7/2022 (la “RN 7/2022”), que comprende (i) deudas de los cuatro impuestos vencidas hasta el 31 de diciembre del año anterior al acogimiento, incluidas las provenientes de planes de pago caducos; (ii) deudas de Ingresos Brutos y Sellos en fiscalización, determinación o discusión administrativa; y (iii) deudas de los cuatro impuestos en ejecución judicial; y
  • la Resolución Normativa N° 9/2025 (la “RN 9/2025”), que comprende deudas de los Impuestos Inmobiliario, a los Automotores (solo embarcaciones deportivas o de recreación) y sobre los Ingresos Brutos vencidas o devengadas desde el 1° de enero de 2026, que no se encuentren en ejecución judicial ni en fiscalización, determinación o discusión administrativa.

Las reducciones alcanzan a la RN 7/2022 en cualquiera de sus capítulos. Por lo tanto, también pueden aprovecharse para deudas en fiscalización, determinación o discusión administrativa y para deudas en ejecución judicial.

1. Reducciones según fecha de acogimiento y modalidad de pago (art. 2)

La reducción se calcula sobre el monto total del acogimiento y varía según la fecha de acogimiento y la modalidad de pago:

Acogimiento realizado Un solo pago 3 cuotas 6 cuotas
Del 26 de octubre al 13 de noviembre de 2026 40% 20% 15%
Del 14 al 27 de noviembre de 2026 35% 15% 10%
Del 28 de noviembre al 11 de diciembre de 2026 30% 10% 5%
Del 12 al 31 de diciembre de 2026 30% No disponible No disponible

Los planes de 3 y 6 cuotas no devengan interés de financiación. En los regímenes de base, los planes de 3 y 6 cuotas de la RN 9/2025 devengan un interés del 4% mensual, y el plan de 6 cuotas de la RN 7/2022 un interés del 1,5% mensual (el plan de 3 cuotas de la RN 7/2022 ya era sin interés, por lo que en esa modalidad el beneficio consiste solo en la reducción).

Las restantes modalidades de los regímenes de base (hasta 48 o 60 cuotas en la RN 7/2022, según el capítulo, y 9 o 12 cuotas en la RN 9/2025) siguen disponibles, pero sin las reducciones de la RN 23/2026.

Límite: las reducciones no pueden implicar, en ningún caso, una disminución del importe del capital de la deuda. En la práctica, la reducción opera sobre intereses y accesorios.

Planes caducos: el monto del acogimiento, una vez aplicada la reducción, no puede ser inferior al importe consolidado en el plan caduco o al que resulte de aplicar sobre la deuda original los intereses previstos en los arts. 96 y 104 del Código Fiscal, según corresponda, con deducción de los pagos efectuados.

2. Cancelación en un solo pago (art. 3)

Para acceder a la reducción, la liquidación debe obtenerse en el sitio web de ARBA dentro del tramo correspondiente y vence a los cinco días corridos desde su emisión. El tramo aplicable se define por la fecha de emisión de la liquidación: por ejemplo, una liquidación obtenida el 13 de noviembre conserva la reducción del 40%, aunque venza el 18 de noviembre. En los regímenes de base, el pago único vence a los quince días corridos desde el acogimiento (RN 7/2022) o el día 10 del mes siguiente al de la formalización del acogimiento (RN 9/2025).

3. Aplicación de los regímenes de base (art. 4)

Las reducciones se aplican únicamente a las modalidades de pago previstas en el art. 2. En todo lo no previsto por la RN 23/2026, rigen la RN 7/2022 y la RN 9/2025. Entre otros aspectos, los efectos del acogimiento, causales de caducidad, y las disposiciones relativas a la cuota mínima.

4. Ampliación transitoria de la RN 9/2025 (art. 5)

Durante la vigencia de la RN 23/2026, la RN 9/2025 también podrá utilizarse para regularizar deudas del Impuesto a los Automotores correspondientes a vehículos automotores, con las modalidades de pago propias de ese régimen o con las de la RN 23/2026. En su texto vigente, para este impuesto, la RN 9/2025 solo comprende las embarcaciones deportivas o de recreación.

II. AGIP: Resolución N° 383/AGIP/2026

El 15 de octubre de 2026 se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la Resolución N° 383/AGIP/2026 (la “Resolución 383”) de AGIP. La norma establece un régimen transitorio de regularización de deudas en sede administrativa del Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros (“ABL”) y de Patentes sobre Vehículos en General (“Patentes”). El acogimiento puede efectuarse del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2026, ambas fechas inclusive. El régimen no comprende el Impuesto sobre los Ingresos Brutos ni el Impuesto de Sellos.

1. Deudas comprendidas y monto máximo (arts. 2 y 4)

Pueden regularizarse: (i) las obligaciones vencidas antes del 1° de octubre de 2026; (ii) las deudas incluidas en planes de facilidades nulos o caducos antes de esa fecha; y (iii) las deudas incluidas en acogimientos a este régimen que hubieran devenido nulos (no así las de acogimientos a este régimen que hubieran caducado, que están excluidas).

El monto nominal a regularizar no puede exceder $5.940.000 por cada partida o dominio de cada tributo, y el acogimiento debe incluir la deuda total de cada tributo en sede administrativa. Para el cálculo, las deudas en sede administrativa y las transferidas para su cobro judicial se consideran en forma independiente, y no se computan las deudas por diferencia de avalúo.

2. Exclusiones (art. 3)

Quedan excluidas, entre otras, las deudas incluidas en planes de facilidades vigentes; las multas de cualquier naturaleza; las deudas transferidas para su cobro judicial o con juicio de ejecución fiscal en trámite; las deudas de contribuyentes en concurso preventivo (salvo la deuda post concursal) o en quiebra; las deudas de agentes de recaudación; las caducidades de acogimientos a este régimen; y las de los condenados por delitos de la Ley 24.769 o del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430) con sentencia firme o avenimiento homologado, mientras la condena no esté cumplida, así como las de los condenados por delitos contra la Administración Pública de la Ciudad.

3. Beneficios (art. 8)

  • Pago al contado: condonación total de los intereses resarcitorios devengados hasta el momento del pago. No se admiten pagos parciales. El pago vence el día 10 del mes siguiente al acogimiento.
  • Plan de facilidades: hasta 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con condonación del 50% de los intereses resarcitorios devengados al momento de la solicitud y de la totalidad de los intereses de financiación. La cuota mínima es de $5.000 y las cuotas vencen el día 10 de cada mes, a partir del mes siguiente al acogimiento.

4. Requisitos, efectos y caducidad (arts. 5 a 27)

  • Acogimiento: se efectúa a través del sitio web de AGIP con Clave miBA Nivel 3. Requiere informar una CBU para el débito directo y adherirse al Domicilio Fiscal Electrónico. Para que el acogimiento sea válido, el pago al contado o la primera cuota deben abonarse a su vencimiento, sin mora. De lo contrario, el acogimiento es nulo, pero conserva su validez como reconocimiento de la deuda y renuncia al término corrido de la prescripción, y los pagos efectuados se consideran pagos incausados.
  • Efectos: el acogimiento tiene carácter de declaración jurada. Implica el allanamiento a la pretensión fiscal, la renuncia al término corrido de la prescripción y la renuncia a repetir lo regularizado, aun en caso de acogimiento nulo. Los saldos a favor no pueden computarse para cancelar la deuda regularizada.
  • Caducidad: el plan caduca por la falta de pago de dos cuotas, consecutivas o alternadas, a los 60 días corridos del vencimiento de la segunda, o por cuotas impagas a los 60 días corridos del vencimiento de la última, así como por la falta de pago de la cancelación anticipada rehabilitada. La caducidad implica la pérdida de los beneficios: renacen los intereses condonados y los pagos efectuados se consideran pagos a cuenta.
  • Baja o transferencia: en caso de baja o transferencia del inmueble o vehículo, debe cancelarse anticipadamente la totalidad de la deuda incluida en el plan.

 

***

Para información adicional, por favor contactar a Gastón Miani, Leonel Zanotto, María de los Ángeles Olano, o Bárbara Durante.


Contactanos

Tte. Gral. J.D. Perón 537, piso 1°
(C1038AAK) Ciudad de Buenos Aires, Argentina

(+54 11) 5272-1750

info@tavarone.com

Newsletter

Suscribite y recibí nuestras noticias, artículos y transacciones relevantes.