Modificación de la Ley de Lealtad Comercial: se amplían los supuestos de actos de competencia desleal
El pasado 22 de abril de 2019 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto de necesidad y urgencia N° 274/2019, mediante el cual se derogó la Ley N°22.802 de Lealtad Comercial (la “Ley de Lealtad Comercial”) y se creó un nuevo esquema normativo aplicable respecto de la lealtad comercial (el “Decreto”) que entrará en vigencia el 30 de abril del corriente.
El Decreto se presenta con el objetivo de asegurar la lealtad y la transparencia en las relaciones comerciales y garantizar el acceso a información esencial de los productos y servicios comercializados, tanto a través de medios físicos o digitales, extendiendo el campo de aplicación que previamente se encontraba previsto en la Ley de Lealtad Comercial.
El Decreto se divide en un título preliminar y 8 títulos los cuales regulan: (i) la competencia desleal; (ii) la publicidad y las promociones; (iii) información en el comercio; (iv) la autoridad de aplicación, el procedimiento administrativo, así como los recursos y sanciones; (v) las acciones judiciales; (vi) disposiciones comunes; (vii) la defensa del consumidor; y (viii) las disposiciones finales.
La principal novedad que el Decreto incorpora se refiere a la enumeración de los actos que constituyen competencia desleal, es decir,: (i) actos de engaño; (ii) actos de confusión; (iii) violación de normas; (iv) abuso de situación de dependencia económica; (v) obtención indebida de condiciones comerciales; (vi) venta por debajo del costo; (vii) explotación indebida de la reputación ajena; (viii) actos de imitación desleal; (ix) actos de denigración; y (x) violación de secretos. El Decreto prevé en su artículo N° 10 que dicha enumeración, será taxativa a efectos de la imposición de sanciones por parte de la Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo en carácter de autoridad de aplicación, y enunciativa a los fines de la promoción de acciones judiciales por parte de los afectados.
Con el Decreto se aumentan sustancialmente los montos máximos de las multas a 10.000.000 unidades móviles (equivalentes a aproximadamente $264.000.000), se establecen las reglas para el procedimiento de denuncias por infracción y se prevén nuevas acciones judiciales para los afectados por actos de competencia desleal.
Asimismo, se mantienen los requisitos de identificación de los productos comercializados, y lo relativo a la publicidad engañosa, y las normas sobre promociones de venta con entrega de premios o regalos, entre otras cuestiones.
En cuanto a los casos de publicidad como competencia desleal, se incorpora una definición de publicidad comparativa, indicando que la misma es aquella que aluda explícita o implícitamente a un competidor, a su marca o a los productos o servicios ofrecidos por él.
Adicionalmente, el Decreto incorpora a la Ley de Defensa del Consumidor N°26.993 (la “Ley de Defensa del Consumidor”) el artículo 1 bis que prevé el Sistema Electrónico de Resolución de Conflictos, como instancia previa, facultativa y gratuita para los consumidores y usuarios para el acceso al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), mediante el cual se dirimirán los reclamos individuales o plurindividuales homogéneos de consumidores y usuarios, instruyendo a la autoridad de la Ley de Defensa del Consumidor a reglamentar sus alcances.
Por último, cabe destacar que todo lo previsto a través del Decreto reviste el carácter de orden público, conforme el artículo N° 2; que los principios de la ley nacional de procedimientos administrativos N° 19.549 resultan aplicables al procedimiento previsto en el Decreto; y que supletoriamente se aplica lo previsto por el Código Civil y Comercial de la Nación.
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CNV - Simplificación de requisitos para sociedades extranjeras
El 3 de abril de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución General 789/2019 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) la cual introdujo modificaciones a las Normas de la CNV (N.T. 2013 y mod.), a fin de facilitar los procesos registrales ante este organismo.
En tal sentido, se resolvió, entre otras cuestiones que:
- a los efectos de que una persona jurídica constituida en el extranjero pueda participar en una asamblea de accionistas será suficiente la presencia de un mandatario debidamente instituido. En tal sentido, se considerará mandatario debidamente instituido:
- al representante legal en la República Argentina;
- a aquella persona con facultades suficientes para este acto conforme poder otorgado por el representante legal en la República Argentina o por persona autorizada a tal fin de acuerdo con las normas del país de origen en los términos del Art. 239º de la Ley Nº 19.550 (la “LGS”); y
- a aquella persona facultada mediante poder otorgado en el extranjero por persona autorizada, de acuerdo con los requisitos de autenticación legal del país de origen y con las normas correspondientes de otorgamiento de validez de documentos extranjeros en la Argentina.
- Asimismo, aquellas sociedades cuyo registro de acciones escriturales sea emitido por alguno de los sujetos enunciados en el Art. 208º de la LGS, podrán reemplazar el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas en formato papel por un nuevo sistema de registración computarizado presentando una solicitud de autorización ante la CNV. Los documentos originales deberán conservarse en formato papel en la sede social.
Esta Resolución General entró en vigencia el día 4 de abril de 2019.
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Gestión documental electrónica: Apostilla Electrónica
El 8 de marzo de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina el Decreto N° 172/2019 (el “Decreto”) a través del cual el Poder Ejecutivo nacional aprobó la implementación de herramientas digitales para las legalizaciones a realizarse conforme la convención adoptada en la ciudad de La Haya el 5 de octubre de 1961 (y aprobada por la Ley N° 23.458), así como también aquellas que otorguen validez internacional a los documentos públicos argentinos.
En ese sentido, se aprobó que a partir del 1 de marzo de 2019 la apostilla electrónica permitirá legalizar aquellos documentos públicos que: (i) sean generados o reproducidos en soporte electrónico; (ii) digitalizados; y (iii) considerados originales de conformidad con la legislación vigente, por medio del uso del Sistema de Gestión Documental Electrónica para la realización de las mencionadas legalizaciones.
Cabe destacar que, mediante el mencionado Decreto, se delegó en la Secretaría de Modernización Administrativa, dependiente de la Secretaría de Gobierno de Modernización, la facultad de dictar aquellas normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias.
Por su parte, la Secretaría de Modernización Administrativa, en uso de sus facultades, el 11 de marzo de 2019 adoptó la Resolución N° 30/2019 mediante la cual se estableció que a partir del 15 de abril de 2019 será obligatoria la utilización del sistema GDE o TAD para las legalizaciones antes mencionadas, las cuales deberán ser firmadas digitalmente por las personas autorizadas a tal fin.
En consecuencia, a partir del 15 de abril lo mencionado previamente será obligatorio tanto para organismos públicos como para entidades privadas.
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Definen nuevos criterios orientadores para la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales
Con fecha 16/1/2019, la Agencia de Acceso a la Información Pública (en adelante, la “AAIP”) emitió la Resolución N° 4/2019 que aprueba nuevos criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas en la aplicación de la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales (en adelante, la “Ley de Protección de Datos Personales”).
En este sentido, y entre otras cuestiones, la AAIP resolvió que:
- el titular de los datos personales podrá acceder a aquellos que hubieran sido recolectados mediante sistemas de video de vigilancia, siempre que acredite debidamente su identidad junto con la información necesaria para su identificación. Si su solicitud fuera rechazada, se le deberá informar en forma expresa y clara sobre su posibilidad de reclamar ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales;
- en el caso de que la imagen brindada permita identificar a algún tercero, el responsable de la base de datos deberá aplicar alguna técnica de disociación de forma tal que solo pueda ser identificado el titular de los datos;
- el titular tendrá derecho a solicitar una explicación sobre la lógica aplicada por el responsable de la base de datos si sufriera efectos jurídicos perniciosos, o bien si se viera afectado de forma significativamente negativa, debido a la toma de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de los datos;
- los datos biométricos que identifican a una persona se considerarán sensibles únicamente cuando puedan revelar datos adicionales y cuyo uso pudiera resultar potencialmente discriminatorio;
- el responsable de la base de datos deberá contar con mecanismos de validación de identidad eficaces;
- respecto a la cesión de datos personales entre organismos públicos, se definieron ciertos supuestos bajo los cuales no será necesario el consentimiento del titular de los datos; y
- las personas menores de edad podrán prestar consentimiento informado en relación con el tratamiento de sus datos personales.
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Confección de estados contables en moneda constante
El 15 de noviembre de 2018 se sancionó la Ley N° 27.468 que restableció la vigencia del (hasta entonces derogado) artículo 62 (in fine) de la Ley General de Sociedades N° 19.550 que ordena confeccionar estados contables anuales o por períodos intermedios en moneda constante; delegando en la Inspección General de Justicia (la “IGJ”) su fecha de entrada en vigencia.
En tal sentido, con la emisión de la Resolución General N° 10/2018 (la “Resolución”) el 28 de diciembre de 2018, se restableció efectivamente la vigencia de dicha obligación y se modificó la Resolución General I.G.J. Nº 7/2015 (la “RG 7/2015”) en los siguientes aspectos:
- los estados contables deberán ser presentados en moneda homogénea (excepto aquellos confeccionados por entidades sujetas a fiscalización especial);
- son aplicables a la reexpresión de los estados contables las normas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA);
- las decisiones del órgano de gobierno de las sociedades deberán tomarse con información contable en moneda constante;
- el saldo de revaluación deberá quedar expresado en su valor real. No obstante, si se hubiera adoptado el método de revaluación en ejercicios anteriores y se practicara la actualización en moneda homogénea de los bienes y el valor actualizado superara el valor revaluado, se desafectará la reserva con beneficio a Resultados No Asignados;
- si la adopción del método de la revaluación es coincidente con el ejercicio en el que se efectúa el ajuste por inflación, el saldo por revaluación deberá exponerse a su valor real;
- se deberá exponer en nota a los estados contables el mecanismo de ajuste utilizado y en caso de emplear métodos simplificados se deberá justificar su aplicación; y que
- respecto al saldo de revaluación, las sociedades sujetas a fiscalización de la IGJ que sean controlantes, controladas o vinculadas a otras sujetas a fiscalización de la Comisión Nacional de Valores podrán adoptar la normativa aplicable a las últimas exponiendo las razones en los estados financieros.
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Incremento en el valor de los Formularios de presentación de asambleas y EECC fuera de término para ciertas sociedades
Con fecha 28/12/2018, la Inspección General de Justicia emitió la Resolución General N° 11/2018 (la “Resolución”) por medio de la cual resolvió aumentar el valor de los Formularios que acompañan las presentaciones fuera de término de las asambleas y estados contables de las asociaciones civiles reguladas por el Capítulo 2 y de las fundaciones por el Capítulo 3 del Título II del Libro Primero del Código Civil y Comercial de la Nación.
En tal sentido, dispuso:
- elevar de 7 ($575) a 27 ($2.025) la cantidad de módulos respecto a las asociaciones civiles; y
- aumentar de 8 ($600) a 30 ($2.250) la cantidad de módulos en relación a las cámaras, federaciones, confederaciones y fundaciones.
Se aclara que la Resolución entrará en vigencia a partir del 2/1/2019.
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IGJ - Régimen de atención durante enero
Con fecha 20/12/2018, la Inspección General de Justicia emitió la Resolución General N° 9/2018 por medio de la cual este organismo comunicó que no alterará su funcionamiento durante el mes de enero del año 2019, sino que únicamente reducirá su jornada.
Complementariamente, extenderá el plazo para la respuesta a los trámites urgentes de 72 a 96 horas, se recibirán únicamente oficios urgentes, y los pedidos de expedición de testimonios, certificados y solicitudes de informes se recibirán únicamente a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD). Por último, se destaca que no se aceptarán desarchivos durante el mes de enero.
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Incremento en el valor de los Formularios de presentación de EECC fuera de término para ciertas sociedades
Con fecha 14/12/2018, la Inspección General de Justicia emitió la Resolución General N° 8/2018 (la “Resolución”) por medio de la cual resolvió aumentar el valor de los Formularios que acompañan las presentaciones fuera de término de los estados contables de las sociedades por acciones comprendidas en el Artículo 299º de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (la “LGS”).
En tal sentido, se resolvió:
- elevar de 24 ($1.800) a 67 ($5.025) la cantidad de módulos correspondientes al trámite de “Presentación fuera de término de Asambleas y Estados Contables”, debido a la escasa diferencia de precios actualmente existente con el pago de los formularios para aquellas sociedades que efectúan las presentaciones dentro del plazo previsto; y que
- el incremento del valor del formulario no obsta que la Inspección General de Justicia, en caso de considerarlo pertinente, aplique las sanciones previstas en la LGS y en la Ley Nº 22.315, en función de la gravedad del incumplimiento y de la comisión de otras infracciones por parte del responsable.
Se aclara que la Resolución entrará en vigencia a partir del 2/1/2019.
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Vencimiento de la Tasa Anual IGJ 2018
Con fecha 23 de octubre de 2018 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió la Resolución N° 923/2018, por medio de la cuál fijó el 31 de octubre de 2018 como fecha de vencimiento para el pago de la tasa anual de la Inspección General de Justicia (“IGJ”) que recae sobre las sociedades por acciones.
Las boletas para el pago de dicha tasa se encuentran disponibles para su descarga en la página web de la IGJ, y podrán ser canceladas en cualquier sucursal del Banco de la Nación Argentina en la Ciudad de Buenos Aires, o bien en forma directa en la IGJ. A su vez, en la sede central de la IGJ, el pago podrá ser realizado con tarjeta de débito o cheque certificado, en tanto que en las sedes de los colegios profesionales también se podrá abonar en efectivo (servicio exclusivo para profesionales matriculados).
Las sociedades que integraron durante el mismo año calendario la tasa de constitución se encuentran exceptuadas de esta obligación de pago.
Vencida la fecha fijada, será de aplicación la multa prevista en el artículo 7º de la Decisión Administrativa Nº 46/01 (una vez y media la tasa de interés mensual que utiliza el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento para documentos comerciales, sobre los importes omitidos). Cabe destacar que en dicha Decisión Administrativa Nº 46/01 también se establecen las escalas y valores a ser percibidos en concepto de tasa anual retributiva.
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