ARCA prorroga el inicio de juicios y embargos para entidades sin fines de lucro, empresas del sector de salud, MiPyMEs y pequeños contribuyentes

 

El 4 de noviembre de 2026 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 1899/2026 del Ministerio de Economía, que prorroga y amplía la suspensión del inicio de los juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta el 30 de junio de 2027, inclusive.

Hasta ahora, la suspensión alcanzaba solo a las entidades sin fines de lucro y al sector salud, y vencía el 31 de diciembre de 2026. La Resolución extiende ese plazo  y vuelve a incluir a las MiPyMEs y a los pequeños contribuyentes, que habían quedado fuera del beneficio desde el 1° de enero de 2025.

Sujetos comprendidos

  • MiPyMEs (micro, pequeñas y medianas —Tramos 1 y 2—): con “Certificado MiPyME” vigente al 29 de octubre de 2026, fecha de dictado de la Resolución (art. 3°).
  • Pequeños contribuyentes: personas humanas y sucesiones indivisas consideradas como tales en los términos que determine ARCA (art. 3°).
  • Entidades sin fines de lucro: registradas ante ARCA al 29 de octubre de 2026, conforme los parámetros que fije ese organismo (arts. 1° y 2°).
  • Sector salud: contribuyentes pertenecientes al sector, según los parámetros de ARCA y, de corresponder, la información que le proporcione el Ministerio de Salud (art. 1°).

Aspectos principales

1. Plazo y vigencia

La suspensión rige hasta el 30 de junio de 2027, inclusive. La Resolución entró en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial (art. 4°).

2. Fecha de corte

Tanto la vigencia del Certificado MiPyME como la registración de las entidades sin fines de lucro se verifican al 29 de octubre de 2026, y no a la fecha de publicación. En consecuencia, en principio no quedarían alcanzadas las empresas que obtengan o renueven el certificado con posterioridad a esa fecha.

3. Instrumentación por ARCA

La Resolución no dispone la suspensión por sí misma, sino que encomienda a ARCA hacerlo. El organismo deberá dictar una resolución general, como lo hizo con la RG 5628/2024 y sus prórrogas (RG 5736/2025, 5806/2025 y 5885/2026) y, respecto de MiPyMEs y pequeños contribuyentes, con las RG 5482/2024 y 5532/2024, que fije los parámetros de los sujetos alcanzados y las excepciones. En esas normas, ARCA dejó a salvo el ejercicio de sus facultades “en casos de grave afectación de los intereses del Fisco, caducidad de instancia o prescripción inminente”. A la fecha de esta publicación, ARCA aún no ha dictado la resolución general correspondiente.

Comentarios:

El contribuyente deberá verificar la vigencia del Certificado MiPyME al 29 de octubre de 2026 para ver si se encuentra encuadrado en la suspensión. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la Resolución no condona la deuda ni suspende el devengamiento de intereses, y solo alcanza el inicio de nuevos juicios y la traba de nuevas medidas cautelares: no paraliza las ejecuciones fiscales ya iniciadas ni dispone el levantamiento de los embargos ya trabados.

 

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Para información adicional, por favor contactar a Gastón Miani, María de los Ángeles Olano,  Leonel Zanotto, Bárbara Durante o Paul Navarrete.

 

El presente tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento profesional.


Inocencia Fiscal y Prevención de Lavado de Activos: la UIF reglamenta el tratamiento de los contribuyentes del Régimen Simplificado de Ganancias

 

Con fecha de hoy (3 de noviembre de 2026 ) se publicó en el Boletín Oficial la Resolución N° 144/2026 (la “Resolución”) de la Unidad de Información Financiera (“UIF”), que establece un régimen específico de Antecedente Favorable y de Debida Diligencia Simplificada Especial (“DDSE”). Rige para los sujetos obligados cuando intervienen en operaciones de ingreso de fondos o activos al sistema financiero formal de personas humanas y sucesiones indivisas adheridas al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias (Capítulo III, Título II, Ley N° 27.799).

La UIF la dicta en cumplimiento de la instrucción del artículo 40 bis de la Ley N° 27.799 (incorporado por la Ley N° 27.826). Su finalidad, según los considerandos, es que una inconsistencia de naturaleza exclusivamente fiscal no sea asimilada automáticamente a un indicador de origen delictivo, sin alterar las obligaciones de la Ley N° 25.246. A continuación se resumen sus aspectos principales.

Ámbito de aplicación

  • Sujetos obligados: los enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 que intervengan en operaciones comprendidas, esto es, las canalizadas conforme al artículo 40 bis de la Ley N° 27.799 (arts. 3° y 5° inc. b).
  • Clientes: personas humanas y sucesiones indivisas adheridas al régimen, condición que el sujeto obligado debe verificar mediante el servicio de validación que establezca la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (“ARCA”). Quedan excluidos los Grandes Contribuyentes Nacionales y los funcionarios públicos del artículo 38 bis de la Ley N° 27.799 (art. 4°).

Según los considerandos, el artículo 10 de la Resolución General ARCA N° 5820/2026 entiende incorporados al sistema formal los activos operados en cuentas bancarias, billeteras virtuales, cuentas comitentes y cuentas en Proveedores de Servicios de Activos Virtuales inscriptos ante la CNV.

La adhesión como antecedente favorable (arts. 2° a 9°)

La aplicación del antecedente favorable es obligatoria cuando se verifican conjuntamente: (i) la adhesión del cliente, (ii) la canalización de la operación por los medios previstos en el artículo 40 bis y (iii) la ausencia de causales de exclusión. Esas causales son: que el cliente figure como no adherido, suspendido o excluido; que sea Gran Contribuyente Nacional o funcionario del artículo 38 bis; o que figure en el RePET o esté sujeto a medidas de congelamiento dispuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU (art. 8°).

La adhesión opera como factor mitigante, “en forma conjunta con los demás factores de riesgo” (art. 2°); no equivale a una calificación automática de bajo riesgo. Para clientes existentes, se considera al actualizar el perfil de riesgo o desde la entrada en vigencia, a elección del sujeto obligado (art. 7°).

En materia de monitoreo (art. 9°), respecto de clientes adheridos:

  • los depósitos o pagos en efectivo no configuran, por sí solos, un indicador suficiente de riesgo o sospecha;
  • la falta de documentación sobre el circuito cambiario por el que se adquirió la moneda extranjera depositada no es, aisladamente, un elemento determinante para calificar una operación como sospechosa;
  • la ausencia de respaldo documental completo de ahorros históricos no constituye, por sí sola, indicio de ilicitud.

Cuando la operación no queda comprendida en la DDSE, el sujeto obligado debe formarse un juicio razonable sobre su consistencia con el perfil del cliente, su capacidad de ahorro histórica, su actividad declarada y su historial transaccional.

Debida Diligencia Simplificada Especial (arts. 10° a 17°)

Umbral. La DDSE se aplica mientras el monto acumulado de las operaciones canalizadas en el año calendario no supere el umbral del primer párrafo del artículo 1° del Régimen Penal Tributario (actualmente es de $100.000.000.), en moneda nacional o su equivalente en moneda extranjera (art. 11). Los considerandos fundan el umbral en que, por debajo de ese monto, la evasión tributaria no configura delito y, por lo tanto, no puede operar como ilícito precedente de lavado de activos.

Medidas aplicables (arts. 12° y 16°). El sujeto obligado debe: identificar y verificar al cliente (con técnicas biométricas rigurosas y auditables si el alta es no presencial); consultar la adhesión dejando registro de fecha y resultado; controlar el RePET y las medidas de congelamiento; aplicar la resolución UIF vigente sobre Personas Expuestas Políticamente; verificar el monto acumulado frente al umbral; mantener actualizada la verificación de adhesión con la periodicidad que determine; controlar causales sobrevinientes; y reportar operaciones sospechosas, con independencia del monto.

Medidas no exigibles (art. 15). Siempre que no concurran causales de exclusión: copias de documentación respaldatoria de la actividad económica; acreditación del origen de fondos, ingresos o patrimonio; información adicional sobre el propósito de la relación cuando éste pueda inferirse de la operación; y verificación de consistencia con la capacidad de ahorro.

Exclusiones (art. 14). La DDSE no se aplica si el cliente no está adherido, suspendido o excluido; es PEP; mantiene relaciones u operaciones con jurisdicciones bajo monitoreo intensificado del GAFI, de alto riesgo o no cooperantes en transparencia fiscal (art. 24, Anexo del Decreto N° 862/2019); transfiere valores negociables o activos virtuales desde esas jurisdicciones; existen factores de riesgo específicos, materiales y documentados incompatibles con el régimen; o hay elementos de sospecha de LA/FT/FP, cualquiera sea el monto. Las operaciones fraccionadas para quedar por debajo del umbral se acumulan y, si el patrón evidencia una fragmentación deliberada, excluyen la DDSE y pueden ser reportadas (art. 13).

Superado el umbral, rigen las disposiciones del Capítulo II (antecedente favorable) y, en lo no previsto, las resoluciones UIF sectoriales (arts. 11 y 17).

Seguridad jurídica y supervisión (arts. 18° a 21°)

La aplicación correcta de estos criterios constituye, para el sujeto obligado, cumplimiento de sus obligaciones de debida diligencia, aun cuando se determine posteriormente que el cliente no reunía las condiciones del régimen, que fue excluido o que los fondos tenían origen ilícito. La salvedad es que se acredite que el sujeto obligado conocía esas circunstancias o que resultaban manifiestas a partir de la información obrante en su poder (art. 18).

La supervisión opera en dos sentidos. La aplicación sistemática e injustificada de medidas inconsistentes con el perfil de riesgo puede ser valorada por la UIF y los organismos de contralor como contraria al principio de proporcionalidad (art. 19). A la vez, éstos verificarán que los procedimientos reflejen los umbrales y condiciones de la Resolución y que la DDSE se aplique efectivamente (art. 20). Se mantienen, con independencia del monto, el control del RePET y de las listas del Consejo de Seguridad, el reporte de operaciones sospechosas, los reportes sistemáticos y la conservación de documentación (art. 21).

Vigencia

La Resolución entra en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial (art. 23). Los sujetos obligados deben adecuar sus procedimientos y manuales dentro de los 60 días corridos contados desde su entrada en vigencia (art. 22).

Puntos que la Resolución deja abiertos

  • Alcance del artículo 18. La salvaguarda opera sobre las obligaciones de debida diligencia y en el plano de la supervisión administrativa. No alcanza el deber de reportar (art. 21 inc. c), y su excepción —que el sujeto obligado “conocía” o que la circunstancia era “manifiesta”— remite a una cuestión de prueba que debe examinarse caso por caso. Se trata de una norma administrativa: a nuestro criterio, no debe leerse como un blindaje en sede penal, donde la valoración de lo que el sujeto obligado sabía corresponde al juez.
  • Cómputo del umbral. Los artículos 11, 13 y 16 inc. a) no aclaran si el monto acumulado se mide por sujeto obligado o de modo consolidado entre entidades, ni qué ocurre con las operaciones del año cuando el umbral se supera durante el período. El artículo 13 solo contempla la fragmentación deliberada. Conviene fijar un criterio en los manuales y documentarlo.
  • Naturaleza del umbral. Se mide sobre el monto operado y no sobre el impuesto eventualmente evadido. A nuestro entender, esa diferencia juega del lado de la cautela, pero la Resolución no la desarrolla. Además, el fundamento del umbral descarta únicamente la evasión como ilícito precedente: los fondos pueden provenir de otros delitos, de allí las exclusiones del artículo 14 y el deber de reporte.
  • Transición. La obligatoriedad rige desde la vigencia, pero la adecuación de procedimientos admite 60 días. Sugerimos documentar un plan de adecuación con el criterio aplicado durante ese lapso.

En síntesis, la Resolución aporta una regla formal que ordena el tratamiento de los contribuyentes adheridos al régimen simplificado y reduce el riesgo de decisiones defensivas. Su eficacia dependerá de que cada sujeto obligado traduzca estos criterios a procedimientos internos claros y defendibles.

 

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Para información adicional, por favor contactar a Gastón Miani, Leonel Zanotto y/o María de los Ángeles Olano.


Entró en vigor el Protocolo de Enmienda al Convenio de Doble Imposición con Francia

Baja de alícuotas en la fuente, establecimiento permanente por servicios y nueva cláusula de nación más favorecida, con efectos desde el 1° de enero de 2027

 

El pasado 26 de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto publicó en el Boletín Oficial, conforme a lo previsto en la Ley 24.080, el aviso por medio del cual se dio a conocer la entrada en vigor, a partir del 22 de octubre de 2026, del Protocolo de Enmienda al Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Francesa a fin de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, suscripto en Buenos Aires el 6 de diciembre de 2019 y aprobado por la Ley 27.814.

El Protocolo de Enmienda modifica el Convenio suscripto el 4 de abril de 1979, en su redacción según el Protocolo modificatorio del 15 de agosto de 2001. Conforme a su artículo 10, apartado 1, el Protocolo de Enmienda entra en vigor el trigésimo día siguiente a la recepción de la última de las notificaciones por las que ambos Estados se comunican, por vía diplomática, el cumplimiento de sus procedimientos legales internos, lo que, según el aviso oficial, ocurrió el 22 de octubre de 2026. Cabe destacar, sin embargo, que su entrada en vigor no implica su aplicación inmediata. En efecto, el apartado 2 del mismo artículo dispone que sus cláusulas surtirán efecto a partir del 1° de enero del año calendario siguiente al de su entrada en vigor, es decir: (a) respecto de los impuestos retenidos en la fuente, sobre los montos pagados a partir del 1° de enero de 2027; y (b) respecto de los demás impuestos sobre la renta y el patrimonio, para los años fiscales que comiencen a partir de esa misma fecha. En consecuencia, los contribuyentes cuyo ejercicio fiscal no coincida con el año calendario recién podrán aplicar las nuevas disposiciones, en lo que respecta a estos impuestos, a partir del primer ejercicio que se inicie con posterioridad al 1° de enero de 2027.

Principales modificaciones

1. Establecimiento permanente: obras y prestación de servicios

Por medio del artículo 1 del Protocolo de Enmienda se sustituyó el apartado 3 del artículo 5 del Convenio, que regula los supuestos especiales de establecimiento permanente. Los cambios introducidos son los siguientes:

  • Obras de construcción: se mantiene el plazo de seis meses a partir del cual una obra configura un establecimiento permanente. La modificación es meramente terminológica: donde el texto anterior aludía a “una edificación o un proyecto de construcción o de montaje”, la nueva redacción se refiere a “una obra de construcción o un proyecto de instalación”.
  • Establecimiento permanente por servicios: se incorporó una figura que el Convenio no contemplaba. A partir de su aplicación, el término “establecimiento permanente” también comprende:
    “b) La prestación de servicios, incluidos los servicios de consultoría, por una empresa a través de empleados u otro personal contratado por la empresa para ese propósito, pero sólo si este tipo de actividades se lleva a cabo en un Estado, para un mismo proyecto o un proyecto conexo, por un periodo o periodos que totalicen más de ciento ochenta y tres (183) días dentro de un periodo de doce (12) meses que comience o finalice en el año fiscal dado”.

2. Dividendos

Por medio del artículo 2 del Protocolo de Enmienda se sustituyó íntegramente el artículo 10 del Convenio. Las principales modificaciones son las siguientes:

  • Alícuotas máximas en la fuente (ap. 2): se reemplazó el límite único del 15% por un esquema de dos alícuotas: (a) un 10% del monto bruto, cuando el beneficiario efectivo sea una sociedad que posea directamente al menos el 25% del capital de la sociedad pagadora durante un período de 365 días que incluya el día del pago (a estos fines, no se computan los cambios de titularidad que resulten directamente de una reorganización, como una fusión o una escisión); y (b) un 15% en los demás casos.
  • Definición de dividendos (ap. 3): se actualizó la definición, que quedó redactada de la siguiente forma: “El término «dividendos» usado en este artículo comprende los rendimientos de acciones, acciones o bonos de goce, participaciones mineras, partes de fundador u otros derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así como las rentas sometidas al régimen de distribución de beneficios por la legislación fiscal del Estado en que resida la sociedad que las distribuya.”
  • Eliminación del anterior apartado 5: se suprimió la disposición que permitía a los residentes argentinos obtener el reembolso del impuesto a cuenta francés relativo a los dividendos distribuidos por sociedades francesas.
  • Prohibición de la imposición extraterritorial (ap. 5, anterior ap. 6): se mantiene, con ajustes de redacción menores, la regla según la cual, cuando una sociedad residente de un Estado obtenga beneficios o rentas procedentes del otro Estado, este último no podrá gravar los dividendos que pague la sociedad, salvo que se paguen a uno de sus residentes o que la participación que los genere esté efectivamente vinculada con un establecimiento permanente o una base fija allí situados. Tampoco podrá someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un impuesto sobre los mismos, aun cuando los dividendos pagados o los beneficios no distribuidos provengan, total o parcialmente, de ese otro Estado.
  • Vehículos de inversión inmobiliaria (ap. 6): se incorporó un tratamiento específico para los dividendos distribuidos, a partir de rentas de bienes inmuebles, por vehículos de inversión que distribuyen anualmente la mayor parte de sus beneficios y cuyas rentas inmobiliarias se encuentran exentas. Estos dividendos podrán gravarse en el Estado de la fuente hasta un 15%, salvo que el beneficiario efectivo posea, directa o indirectamente, al menos el 10% del capital del vehículo, en cuyo caso no rige límite convencional.
  • Impuesto sobre las rentas de establecimientos permanentes (ap. 7): se sustituyó el régimen asimétrico previsto en los anteriores apartados 7 y 8, que permitía a Francia aplicar un impuesto de hasta el 5% sobre los beneficios del establecimiento permanente de una sociedad argentina y a la Argentina gravar los beneficios del establecimiento permanente de un residente de Francia hasta el monto del impuesto corporativo argentino, incrementado en un 15% de los beneficios determinados previa deducción de dicho impuesto. En su lugar, se estableció una regla común para ambos Estados: el impuesto adicional no podrá exceder la alícuota prevista en el subapartado a) del apartado 2, es decir, el 10%. Cabe advertir que, para Francia, el nuevo límite implica un incremento respecto del 5% anterior, mientras que para la Argentina importa una reducción respecto del tope del 15%.

3. Intereses

Por medio del artículo 3 del Protocolo de Enmienda se sustituyó el artículo 11 del Convenio, con las siguientes modificaciones:

  • Alícuota máxima en la fuente: se redujo del 20% al 12% del monto bruto el límite a la imposición en el Estado de la fuente, cuando el beneficiario efectivo sea residente del otro Estado.
  • Imposición exclusiva en el Estado de residencia: se amplió el universo de intereses que solo pueden gravarse en el Estado de residencia del beneficiario efectivo. El texto anterior limitaba este tratamiento a los intereses pagados entre Estados o establecimientos públicos y a los derivados de préstamos efectuados, avalados o asegurados por determinados establecimientos públicos, expresamente enumerados, sin perjuicio de que las autoridades competentes podían extenderlo de común acuerdo a otros establecimientos públicos. La nueva redacción deja sin efecto dichos supuestos reemplazándolos por los siguientes intereses: (a) cuyo beneficiario efectivo o pagador sea un Estado, una autoridad local o territorial o una entidad de derecho público, incluido el Banco Central; (b) pagados por créditos o préstamos garantizados, asegurados o subsidiados por un Estado o por otra persona que actúe por su cuenta; (c) pagados en conexión con la venta a plazo de equipos industriales, comerciales o científicos; y (d) pagados por préstamos otorgados en términos preferenciales por más de tres años por una institución de crédito.En cuanto a qué debe entenderse por “términos preferenciales”, el artículo 8 del Protocolo de Enmienda incorporó un nuevo punto 10 al Protocolo del Convenio, según el cual
  • Definición de intereses (ap. 4): se aclaró expresamente que las penalidades por mora en el pago no serán consideradas intereses.

4. Regalías

Por medio del artículo 4 del Protocolo de Enmienda se sustituyó el apartado 2 del artículo 12 del Convenio, que fija los límites a la imposición en la fuente. Las modificaciones son las siguientes:

  • Alícuotas máximas en la fuente: se reemplazó el tope del 18%, que alcanzaba únicamente a los derechos de autor y a los pagos por patentes, marcas, know-how y estudios técnicos, por un esquema de tres alícuotas sobre el monto bruto, aplicable cuando el beneficiario efectivo sea residente del otro Estado: (a) 3% para el uso o la concesión del uso de noticias internacionales; (b) 5% para los derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, excepto películas cinematográficas y películas u obras grabadas para radio o televisión; y (c) 10% en todos los demás casos.
  • Condición de aprobación de los contratos: se suprimió la exigencia por la cual la Argentina solo aplicaba el límite si los contratos habían sido aprobados por sus autoridades competentes conforme a la ley sobre transferencia de tecnología. Como se verá a continuación, esta condición fue reemplazada por un requisito de registro, previsto en el nuevo punto 6 c) del Protocolo del Convenio.
  • Definición de regalías: se mantiene sin cambios el apartado 3 del artículo 12, por lo que continúan comprendidos en el concepto de regalías, entre otros, los pagos por el uso de equipos industriales, comerciales o científicos y por trabajos de estudio o investigación de naturaleza científica o técnica.

Por su parte, mediante el artículo 6 del Protocolo de Enmienda se renumeró el punto 6 del Protocolo del Convenio como punto 6 a) y se incorporaron los subapartados b), c) y d), que precisan el alcance del artículo 12 en los siguientes aspectos:

  • Noticias internacionales de establecimientos públicos (punto 6 a): se mantiene la exención de los pagos por el uso o la concesión del uso de noticias internacionales suministradas por un establecimiento público de uno de los Estados.
  • Derechos de autor (punto 6 b): el límite del 5% resulta aplicable únicamente cuando el beneficiario efectivo sea el autor o sus herederos. En los demás casos, la imposición en el Estado de la fuente no podrá exceder del 15%.
  • Registro de los contratos (punto 6 c): el límite del 10% procede “siempre que los contratos de transferencia de tecnología se hayan registrado de conformidad con lo previsto en su legislación interna”. En caso contrario, el tope asciende al 15%. A diferencia del texto anterior, que solo condicionaba la aplicación del límite por parte de la Argentina, la exigencia rige ahora para ambos Estados.
  • Estudios técnicos (punto 6 d): se precisó el alcance del inciso c) del apartado 3 del artículo 12 en los siguientes términos:
    “d) Se entiende que el subapartado c) del apartado 3 del artículo 12 del Convenio no comprende los servicios estandarizados, sino estudios, investigaciones o encuestas personalizados que consistan en producciones escritas en donde el proveedor debe dar muestra de una habilidad especial que exija un mayor nivel de conocimientos que el habitual propio de su profesión. Dichos estudios, investigaciones o encuestas deben estar relacionados con la mejora de métodos o procedimientos industriales, comerciales o administrativos que sean o no implementados por el cliente, sin perjuicio de la intervención del proveedor”.

5. Ganancias de capital

Por medio del artículo 5 del Protocolo de Enmienda se sustituyó el apartado 4 del artículo 13 del Convenio. Hasta ahora, esa disposición remitía a la legislación de cada Estado para la enajenación de cualquier bien no comprendido en los apartados anteriores, incluidas las acciones, sin establecer límite alguno. En su lugar, se incorporaron tres apartados:

  • Sociedades con activos inmobiliarios (ap. 4): las ganancias derivadas de la enajenación de acciones, derechos o participaciones comparables en una sociedad, fideicomiso u otra entidad podrán gravarse en el Estado en que se sitúen los inmuebles cuando, en cualquier momento durante los 365 días anteriores a la enajenación, su valor provenga, directa o indirectamente, en más de un 50% de bienes inmuebles situados en ese Estado. A tal efecto, no se computa “la propiedad inmueble afectada al propio giro del negocio por la sociedad, fideicomiso o entidad”.
  • Restantes acciones (ap. 5): las ganancias derivadas de la enajenación de acciones u otras participaciones representativas del capital de una sociedad residente del otro Estado podrán gravarse en ese Estado con un límite del 10% de la ganancia, si el enajenante poseía al menos el 25% del capital, y del 15% en los demás casos.
  • Restantes bienes (ap. 6): la enajenación de cualquier otro bien que no tenga un tratamiento específico en el Convenio continúa sujeta a la legislación de cada Estado.

6. Nueva cláusula de nación más favorecida

Por medio del artículo 7 del Protocolo de Enmienda se sustituyó el punto 7 del Protocolo del Convenio. Mientras que el texto anterior solo permitía a Francia invocar esta cláusula respecto de los estudios técnicos, la nueva redacción amplía sensiblemente su alcance: si la Argentina, en un convenio celebrado con otro Estado después del 6 de diciembre de 2019, acuerda una alícuota más baja o un tratamiento más favorable que los previstos en el Convenio, esa alícuota o ese tratamiento se aplicarán automáticamente en la relación con Francia, sin necesidad de renegociación. Los beneficios se trasladan en las mismas condiciones pactadas con el otro Estado y a partir del momento en que la disposición pertinente de ese otro convenio resulte aplicable. La cláusula alcanza a los límites a la imposición en la fuente sobre dividendos (art. 10, ap. 2), al tratamiento de los intereses (art. 11, aps. 2 y 3) y de las regalías (art. 12, aps. 2 y 3), a las ganancias derivadas de la enajenación de acciones y de otros bienes (art. 13, aps. 5 y 6), a los supuestos especiales de establecimiento permanente, incluido el de prestación de servicios (art. 5, ap. 3), y a las rentas por servicios personales independientes (art. 14).

7. Estudiantes y practicantes

Por medio del artículo 9 del Protocolo de Enmienda se incorporó un nuevo punto 11 al Protocolo del Convenio, según el cual, a los fines del artículo 20, la expresión “practicante” incluye a toda persona que participe en el programa francés de Volontariat international o en cualquier otro programa idéntico o sustancialmente similar que entre en vigor en cualquiera de los Estados luego del 6 de diciembre de 2019.

Comentarios finales

En síntesis, el Protocolo de Enmienda actualiza el Convenio en sus aspectos centrales: reduce los límites a la imposición en la fuente sobre dividendos, intereses y regalías, fija por primera vez topes para la enajenación de participaciones societarias e incorpora el establecimiento permanente por prestación de servicios, cambio que, junto con la eliminación del límite para ciertos dividendos distribuidos por vehículos de inversión inmobiliaria y el aumento del tope del impuesto sobre las rentas de establecimientos permanentes aplicable por Francia, amplía la potestad tributaria del Estado de la fuente. A ello se suma que el Convenio debe interpretarse junto con las disposiciones del Instrumento Multilateral (MLI), en vigor para la Argentina desde el 1° de enero de 2026, que le resultan aplicables, en particular la cláusula antiabuso de propósito principal, y que los pagos que se efectúen hasta el 31 de diciembre de 2026 en materia de retenciones en la fuente, así como los años fiscales iniciados antes del 1° de enero de 2027, continúan sujetos al régimen anterior.

Por último, debe tenerse presente que las alícuotas previstas en el Convenio constituyen límites máximos a la imposición en el Estado de la fuente y no alícuotas de aplicación obligatoria. En consecuencia, en cada caso deberá analizarse si resulta más conveniente la aplicación de las nuevas disposiciones del Convenio o la de la normativa interna.

 

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Para información adicional, por favor contactar a Gastón Miani, María de los Ángeles Olano,  Leonel Zanotto, Bárbara Durante o Paul Navarrete.

 

El presente tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento profesional.


ARBA y AGIP implementan beneficios para regularizar deudas tributarias hasta el 31 de diciembre de 2026

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (“ARBA”) y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires (“AGIP”) dictaron normas que otorgan beneficios para la regularización de deudas tributarias, con plazo de acogimiento hasta el 31 de diciembre de 2026.

Los regímenes difieren en su alcance: el de ARBA comprende los Impuestos sobre los Ingresos Brutos, de Sellos, Inmobiliario y a los Automotores, e incluye deudas en discusión administrativa y en ejecución judicial; el de AGIP se limita al Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros y a Patentes sobre Vehículos en General, y solo alcanza deudas en sede administrativa.

A continuación, se resumen sus principales aspectos.

1. ARBA: Resolución Normativa N° 23/2026

El 23 de octubre de 2026 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires la Resolución Normativa N° 23/2026 (la “RN 23/2026”) de ARBA, que rige desde el 26 de octubre de 2026. La norma establece condiciones especiales y beneficios adicionales para quienes, entre el 26 de octubre y el 31 de diciembre de 2026, ambas fechas inclusive, regularicen deudas de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos, de Sellos, Inmobiliario y a los Automotores.

La RN 23/2026 no establece un nuevo régimen de regularización. Se aplica sobre los regímenes permanentes de planes de pago que ya estaban vigentes:

  • la Resolución Normativa N° 7/2022 (la “RN 7/2022”), que comprende (i) deudas de los cuatro impuestos vencidas hasta el 31 de diciembre del año anterior al acogimiento, incluidas las provenientes de planes de pago caducos; (ii) deudas de Ingresos Brutos y Sellos en fiscalización, determinación o discusión administrativa; y (iii) deudas de los cuatro impuestos en ejecución judicial; y
  • la Resolución Normativa N° 9/2025 (la “RN 9/2025”), que comprende deudas de los Impuestos Inmobiliario, a los Automotores (solo embarcaciones deportivas o de recreación) y sobre los Ingresos Brutos vencidas o devengadas desde el 1° de enero de 2026, que no se encuentren en ejecución judicial ni en fiscalización, determinación o discusión administrativa.

Las reducciones alcanzan a la RN 7/2022 en cualquiera de sus capítulos. Por lo tanto, también pueden aprovecharse para deudas en fiscalización, determinación o discusión administrativa y para deudas en ejecución judicial.

1. Reducciones según fecha de acogimiento y modalidad de pago (art. 2)

La reducción se calcula sobre el monto total del acogimiento y varía según la fecha de acogimiento y la modalidad de pago:

Acogimiento realizado Un solo pago 3 cuotas 6 cuotas
Del 26 de octubre al 13 de noviembre de 2026 40% 20% 15%
Del 14 al 27 de noviembre de 2026 35% 15% 10%
Del 28 de noviembre al 11 de diciembre de 2026 30% 10% 5%
Del 12 al 31 de diciembre de 2026 30% No disponible No disponible

Los planes de 3 y 6 cuotas no devengan interés de financiación. En los regímenes de base, los planes de 3 y 6 cuotas de la RN 9/2025 devengan un interés del 4% mensual, y el plan de 6 cuotas de la RN 7/2022 un interés del 1,5% mensual (el plan de 3 cuotas de la RN 7/2022 ya era sin interés, por lo que en esa modalidad el beneficio consiste solo en la reducción).

Las restantes modalidades de los regímenes de base (hasta 48 o 60 cuotas en la RN 7/2022, según el capítulo, y 9 o 12 cuotas en la RN 9/2025) siguen disponibles, pero sin las reducciones de la RN 23/2026.

Límite: las reducciones no pueden implicar, en ningún caso, una disminución del importe del capital de la deuda. En la práctica, la reducción opera sobre intereses y accesorios.

Planes caducos: el monto del acogimiento, una vez aplicada la reducción, no puede ser inferior al importe consolidado en el plan caduco o al que resulte de aplicar sobre la deuda original los intereses previstos en los arts. 96 y 104 del Código Fiscal, según corresponda, con deducción de los pagos efectuados.

2. Cancelación en un solo pago (art. 3)

Para acceder a la reducción, la liquidación debe obtenerse en el sitio web de ARBA dentro del tramo correspondiente y vence a los cinco días corridos desde su emisión. El tramo aplicable se define por la fecha de emisión de la liquidación: por ejemplo, una liquidación obtenida el 13 de noviembre conserva la reducción del 40%, aunque venza el 18 de noviembre. En los regímenes de base, el pago único vence a los quince días corridos desde el acogimiento (RN 7/2022) o el día 10 del mes siguiente al de la formalización del acogimiento (RN 9/2025).

3. Aplicación de los regímenes de base (art. 4)

Las reducciones se aplican únicamente a las modalidades de pago previstas en el art. 2. En todo lo no previsto por la RN 23/2026, rigen la RN 7/2022 y la RN 9/2025. Entre otros aspectos, los efectos del acogimiento, causales de caducidad, y las disposiciones relativas a la cuota mínima.

4. Ampliación transitoria de la RN 9/2025 (art. 5)

Durante la vigencia de la RN 23/2026, la RN 9/2025 también podrá utilizarse para regularizar deudas del Impuesto a los Automotores correspondientes a vehículos automotores, con las modalidades de pago propias de ese régimen o con las de la RN 23/2026. En su texto vigente, para este impuesto, la RN 9/2025 solo comprende las embarcaciones deportivas o de recreación.

II. AGIP: Resolución N° 383/AGIP/2026

El 15 de octubre de 2026 se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la Resolución N° 383/AGIP/2026 (la “Resolución 383”) de AGIP. La norma establece un régimen transitorio de regularización de deudas en sede administrativa del Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros (“ABL”) y de Patentes sobre Vehículos en General (“Patentes”). El acogimiento puede efectuarse del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2026, ambas fechas inclusive. El régimen no comprende el Impuesto sobre los Ingresos Brutos ni el Impuesto de Sellos.

1. Deudas comprendidas y monto máximo (arts. 2 y 4)

Pueden regularizarse: (i) las obligaciones vencidas antes del 1° de octubre de 2026; (ii) las deudas incluidas en planes de facilidades nulos o caducos antes de esa fecha; y (iii) las deudas incluidas en acogimientos a este régimen que hubieran devenido nulos (no así las de acogimientos a este régimen que hubieran caducado, que están excluidas).

El monto nominal a regularizar no puede exceder $5.940.000 por cada partida o dominio de cada tributo, y el acogimiento debe incluir la deuda total de cada tributo en sede administrativa. Para el cálculo, las deudas en sede administrativa y las transferidas para su cobro judicial se consideran en forma independiente, y no se computan las deudas por diferencia de avalúo.

2. Exclusiones (art. 3)

Quedan excluidas, entre otras, las deudas incluidas en planes de facilidades vigentes; las multas de cualquier naturaleza; las deudas transferidas para su cobro judicial o con juicio de ejecución fiscal en trámite; las deudas de contribuyentes en concurso preventivo (salvo la deuda post concursal) o en quiebra; las deudas de agentes de recaudación; las caducidades de acogimientos a este régimen; y las de los condenados por delitos de la Ley 24.769 o del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430) con sentencia firme o avenimiento homologado, mientras la condena no esté cumplida, así como las de los condenados por delitos contra la Administración Pública de la Ciudad.

3. Beneficios (art. 8)

  • Pago al contado: condonación total de los intereses resarcitorios devengados hasta el momento del pago. No se admiten pagos parciales. El pago vence el día 10 del mes siguiente al acogimiento.
  • Plan de facilidades: hasta 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con condonación del 50% de los intereses resarcitorios devengados al momento de la solicitud y de la totalidad de los intereses de financiación. La cuota mínima es de $5.000 y las cuotas vencen el día 10 de cada mes, a partir del mes siguiente al acogimiento.

4. Requisitos, efectos y caducidad (arts. 5 a 27)

  • Acogimiento: se efectúa a través del sitio web de AGIP con Clave miBA Nivel 3. Requiere informar una CBU para el débito directo y adherirse al Domicilio Fiscal Electrónico. Para que el acogimiento sea válido, el pago al contado o la primera cuota deben abonarse a su vencimiento, sin mora. De lo contrario, el acogimiento es nulo, pero conserva su validez como reconocimiento de la deuda y renuncia al término corrido de la prescripción, y los pagos efectuados se consideran pagos incausados.
  • Efectos: el acogimiento tiene carácter de declaración jurada. Implica el allanamiento a la pretensión fiscal, la renuncia al término corrido de la prescripción y la renuncia a repetir lo regularizado, aun en caso de acogimiento nulo. Los saldos a favor no pueden computarse para cancelar la deuda regularizada.
  • Caducidad: el plan caduca por la falta de pago de dos cuotas, consecutivas o alternadas, a los 60 días corridos del vencimiento de la segunda, o por cuotas impagas a los 60 días corridos del vencimiento de la última, así como por la falta de pago de la cancelación anticipada rehabilitada. La caducidad implica la pérdida de los beneficios: renacen los intereses condonados y los pagos efectuados se consideran pagos a cuenta.
  • Baja o transferencia: en caso de baja o transferencia del inmueble o vehículo, debe cancelarse anticipadamente la totalidad de la deuda incluida en el plan.

 

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Para información adicional, por favor contactar a Gastón Miani, Leonel Zanotto, María de los Ángeles Olano, o Bárbara Durante.


Se reglamentó la Ley 27.826 de “Inocencia Fiscal II”

El 23 de octubre de 2026 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 1253/2026 (el “Decreto”), que reglamenta los cambios que la Ley 27.826 (“Inocencia Fiscal II”) introdujo en las Leyes 27.799 y 11.683. En concreto, el Decreto:

  1. sustituye íntegramente la reglamentación del Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias aprobada por el Decreto 93/2026;
  2. adecua la definición de discrepancia significativa a los fines de la prescripción reducida de la Ley 11.683;
  3. precisa el alcance de las reducciones de multas formales; y
  4. permite que quienes ya presentaron la declaración jurada 2025 por el régimen general se pasen al régimen simplificado.

Régimen de Declaración Jurada Simplificada

1. Un nuevo Anexo reglamentario (art. 1° y Anexo)

El Decreto reemplaza el Anexo del Decreto 93/2026 y reduce su texto de 16 a 12 artículos. Las principales diferencias son las siguientes:

  • ¿Qué se eliminó?: (i) la verificación de los topes de ingresos y patrimonio y de la condición de gran contribuyente (art. 3° del Anexo anterior), dado que la Ley 27.826 suprimió esos requisitos del art. 38 de la Ley 27.799; (ii) la obligación de canalizar las operaciones por el sistema financiero y el valor de la constancia de adhesión frente a los sujetos obligados de la Ley 25.246 (arts. 4° y 5° del Anexo anterior); (iii) la carga de la prueba en cabeza de ARCA (art. 11 del Anexo anterior); y (iv) los efectos de una resolución favorable al contribuyente (art. 16 del Anexo anterior). Estos tres últimos temas no desaparecen: hoy están regulados en la propia ley (arts. 40 bis, 40 y 42 bis de la Ley 27.799, respectivamente, según Ley 27.826). Tampoco se mantiene la ratificación de la vigencia del Decreto 22/2001 que contenía el art. 4° del Anexo anterior.
  • Rectificación y subsanación: el art. 12 del Anexo anterior, que excluía del cálculo de la discrepancia la rectificativa espontánea presentadab antes de notificada la orden de intervención y, en casos de facturas o documentos apócrifos, la presentada antes de notificada la determinación de oficio. Ahora rige, en virtud del art. 2 del Decreto, la regla que incorporó la propia ley: no se computa la diferencia con la rectificativa presentada dentro de los 15 días hábiles de notificada la liquidación administrativa (art. 14 de la Ley 11.683) o la resolución de determinación de oficio (art. 17 de la Ley 11.683), siempre que el saldo resultante, con sus intereses, se cancele o regularice (art. 40 de la Ley 27.799, según Ley 27.826).

 2. Residencia, adhesión y permanencia (Anexo, arts. 1° a 3°)

  • Residencia: sin cambios. Para el período de la opción y los de permanencia, la condición de residente del art. 38 de la Ley 27.799 se define conforme el Capítulo I del Título VIII de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 2019). Recordemos que la Ley 27.826 exige revestir la condición de residente fiscal durante la totalidad del período declarado, requisito que no rige para quienes adhieran por el período fiscal 2025 (art. 11 de la Ley 27.826).
  • Opción y constancia: la opción sigue disponible para los períodos fiscales iniciados a partir del 1/1/2025, inclusive, mediante el mecanismo que habilite ARCA. Una vez ejercida, ARCA emitirá una constancia digital que “tendrá carácter de instrumento probatorio respecto del ingreso al Régimen”, con la identificación del contribuyente, la fecha de la opción, el período fiscal por el cual se ejerció y toda otra información que el organismo considere pertinente.
  • Permanencia y baja: se mantiene la ratificación anual de la permanencia o, en su caso, el pedido de baja. El texto anterior exigía ratificar “el cumplimiento de los requisitos legales para su permanencia”; esa referencia, vinculada a los topes eliminados, ya no figura.
  • Grandes Contribuyentes Nacionales y funcionarios públicos: los sujetos del cuarto párrafo del art. 38 de la Ley 27.799 (Grandes Contribuyentes Nacionales y funcionarios públicos del art. 38 bis) pueden adherir, pero al solo efecto de presentar la declaración simplificada y pagarla en término. Por los períodos en que encuadren en esa situación no gozan de las presunciones ni de los demás efectos y beneficios del régimen, “aun cuando tales sujetos dejen posteriormente de encuadrar en el aludido supuesto”. Esta última aclaración es un agregado del Decreto.
  • Exclusión: con el Anexo anterior, ARCA verificaba los topes de ingresos y patrimonio y la condición de gran contribuyente en el año anterior a la opción y en los dos previos. Ahora el control se limita al requisito de residencia durante todo el período (segundo párrafo del art. 38). Si no se cumple, procede la exclusión prevista en el tercer párrafo de esa norma, en la forma y con las modalidades que establezca ARCA.

3. Declaración jurada precargada (Anexo, art. 4°)

La mecánica no cambia: ARCA pondrá a disposición una declaración jurada precargada con la información disponible en sus sistemas y la suministrada por responsables y terceros, que el contribuyente podrá modificar, confirmar y presentar.

  • ¿Qué información considera ARCA?: “exclusivamente” los ingresos brutos del período, de fuente argentina y extranjera, en los términos de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y las deducciones computables según esa ley y su reglamentación.
  • Información patrimonial: sigue vigente la dispensa de cumplir con los párrafos segundo y tercero del art. 3° de la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias (Decreto 862/2019). Es decir, el adherido no debe declarar la nómina y el valor de sus bienes en el país y en el exterior al 31 de diciembre del período y del anterior, ni sus deudas a esas fechas. La novedad es que la dispensa no alcanza a los Grandes Contribuyentes Nacionales ni a los funcionarios públicos comprendidos en el cuarto párrafo del art. 38.

4. Período fiscal base, efecto liberatorio y pago en término (Anexo, arts. 5°, 6°, 11 y 12)

  • Período fiscal base: es el período por el que el contribuyente adhirió o ratificó su permanencia, presentó la declaración simplificada y, de corresponder, pagó en término el impuesto (art. 5°). Sobre ese período recae el efecto liberatorio del pago (art. 6°). Ambas definiciones se mantienen sin cambios sustanciales.
  • Pago en término: se considera cumplido cuando el saldo se cancela íntegramente o se adhiere a un plan de facilidades de pago de ARCA, en ambos casos dentro del plazo de vencimiento (art. 6°).
  • Falta de presentación o de pago: el contribuyente pierde los efectos de los arts. 39 y 40 de la Ley 27.799 y ARCA deberá ejercer sus facultades de verificación y fiscalización (art. 11). Sin cambios respecto del Anexo anterior.
  • Nuevo período fiscal base: si el contribuyente permanece en el régimen, el nuevo período pasa a ser el período base y el anterior queda amparado por la presunción de exactitud. Lo que cambia es la excepción: antes operaba solo si el fisco “ya hubiese notificado la orden de intervención”; ahora también si notificó la liquidación administrativa o inició el procedimiento de determinación de oficio sobre ese período (art. 12), en línea con el criterio del art. 42 ter de la Ley 27.799.
  • Impugnación del período base anterior: como novedad, se aclara que ese período solo puede impugnarse por las causales del art. 39 de la Ley 27.799 y en tanto exista una discrepancia significativa en los términos de su art. 40.

5. Impugnación: causales y discrepancia significativa (Anexo, arts. 7° a 9°)

La regla general se mantiene: el efecto liberatorio subsiste salvo que ARCA, conforme las normas vigentes en el período, constate alguna de las causales del art. 39 in fine y, además, una discrepancia significativa (art. 7°).

  • Causales: las definiciones se mantienen, con la salvedad que se comenta en el punto siguiente: (i) omisión de ingresos, entendida como la falta de inclusión, total o parcial, de la renta bruta devengada o percibida que debía declararse; (ii) deducción improcedente, es decir, la no admitida por las normas del período, salvo que encuadre en el supuesto siguiente; y (iii) utilización de facturas u otros documentos apócrifos del período base (art. 8°).
  • Variación patrimonial: la nueva redacción trae un cambio que conviene mirar con atención. La definición de omisión de ingresos ya no incluye la salvedad del Anexo anterior, que la evaluaba “sin considerar a estos efectos la variación patrimonial que se hubiera producido en el período fiscal base o posterior respecto de ingresos originados en períodos fiscales anteriores a aquellos, incluyendo depósitos bancarios, bienes registrables y otros bienes”. La protección frente a las presunciones por incrementos patrimoniales queda ahora en el art. 41 de la Ley 27.799 (según Ley 27.826), que excluye la aplicación de los incisos f) y g) del art. 18 de la Ley 11.683 para evaluar la discrepancia significativa, pero solo hasta el 31/12/2027, y restringe el valor de los restantes indicios y presunciones.
  • Umbral del 15%: antes se medía sobre el “saldo del Impuesto a las Ganancias a favor del organismo fiscal” (o la reducción del quebranto o de los saldos a favor del contribuyente); ahora, sobre el impuesto determinado. Hay discrepancia si el impuesto determinado se incrementa, o el quebranto se reduce, en un 15% o más respecto de lo declarado. Además, por disposición de la Ley 27.826, se suma un piso: no hay discrepancia si la diferencia no supera el 5% del monto del art. 1° del Régimen Penal Tributario. El Decreto precisa que se toma el monto “vigente en el período fiscal en el que venza la declaración jurada” (art. 9°).
  • Umbral penal: la redacción anterior tomaba la diferencia entre el impuesto “declarado y/o ingresado” y el determinado por ARCA; ahora se toma el incremento del impuesto determinado y se agrega, como supuesto nuevo, la reducción de quebrantos, en ambos casos cuando superen el monto del art. 1° del Régimen Penal Tributario. Deja de considerarse lo “ingresado” como término de comparación. Se mantiene como referencia el monto vigente en el período en que vence la declaración jurada.
  • Apócrifos e ingresos directos: el supuesto en el que hay discrepancia significativa cualquiera sea el monto ya no se limita a los documentos apócrifos: ahora también comprende los ingresos directos computados improcedentemente, incluidas retenciones, percepciones, pagos a cuenta y anticipos (art. 9°, último párrafo, en línea con el art. 40 de la Ley 27.799).

6. Presunción de exactitud (Anexo, art. 10)

  • Alcance: la presunción cubre las declaraciones juradas de Ganancias e IVA “efectivamente presentadas” de los períodos no prescriptos, “incluyendo aquellos en que no hubiera existido obligación de presentar tales declaraciones”. El término “efectivamente” no figuraba en el Anexo anterior.
  • IVA del último período base: como novedad, si en un período fiscal mensual de IVA comprendido en el último período base se verifica alguna de las causales del cuarto párrafo del art. 40 de la Ley 27.799, la presunción deja de tener efectos solo respecto de ese período mensual y de los siguientes en que tenga incidencia, y en la medida de ella.
  • ¿Qué sucede si ARCA impugna?: si ARCA impugna la declaración simplificada del período base por discrepancia significativa, puede fiscalizar los demás períodos no prescriptos de Ganancias e IVA, determinar de oficio la materia imponible, liquidar las diferencias y aplicar sanciones (último párrafo del art. 40), salvo en los supuestos del segundo párrafo del art. 42 de la Ley 27.799. Un detalle no menor: el Anexo anterior exigía que ARCA hubiera dictado “el acto de determinación de oficio establecido en el artículo 17 de la Ley N° 11.683”; la nueva redacción solo requiere que ARCA “proceda a la impugnación”, lo que podría habilitar la extensión de la fiscalización en una etapa más temprana del procedimiento. Ello contrasta con el art. 42 bis de la ley, que sigue refiriéndose a la “resolución determinativa de oficio” por la cual se impugna la declaración simplificada.

Ley 11.683 y Régimen Especial de Reducción de Multas

7. Discrepancia significativa para la prescripción reducida (art. 2°)

El Decreto sustituye el segundo artículo sin número que el Decreto 93/2026 había incorporado a continuación del art. 53 del Decreto 1397/79, que reglamenta la discrepancia significativa a los fines de la prescripción reducida de tres años del art. 56, inc. a), de la Ley 11.683, y lo adapta al texto fijado por la Ley 27.826. El primer artículo sin número, que define cuándo el saldo se considera regularizado, no se modifica.

  • Umbral del 15%: al igual que en el régimen simplificado, deja de medirse sobre el “saldo del impuesto a favor del organismo fiscal” y pasa a medirse sobre el incremento del impuesto determinado (o la reducción del quebranto), con el mismo porcentaje del 15%.
  • Umbral penal: se reemplaza la diferencia entre el impuesto “declarado y/o ingresado” y el determinado por el incremento del impuesto determinado o la reducción de quebrantos que supere el monto del art. 1° del Régimen Penal Tributario vigente en el período en que vence la declaración jurada. A diferencia del régimen simplificado, aquí no rige el piso del 5%.
  • Apócrifos e ingresos directos: el supuesto sin umbral se amplía de los documentos apócrifos a los ingresos directos computados improcedentemente (incluidas retenciones, percepciones, pagos a cuenta y anticipos).
  • Rectificativas: no se computa la diferencia entre la declaración original y la rectificativa si esta se presenta dentro de los 15 días hábiles de notificada la liquidación administrativa (art. 14) o la resolución de determinación de oficio (art. 17), y los saldos resultantes, con sus intereses, se cancelan o regularizan. Esta regla reemplaza la anterior, que excluía la “rectificativa espontánea” presentada “con anterioridad a la notificación de la orden de intervención”. A diferencia de lo que ocurre en el régimen simplificado, esta regla no surge de la Ley 11.683: la introduce el Decreto, replicando la prevista en el art. 40 de la Ley 27.799.

8. Reducción permanente del 25% de multas formales (art. 3°)

El Decreto precisa el alcance del art. 49 bis de la Ley 11.683 (incorporado por la Ley 27.826), que reduce de pleno derecho en un 25% las multas de los arts. 38, 39 y sus artículos sin número.

  • ¿Quiénes se benefician?: quienes, al momento del incumplimiento del deber formal, califiquen como micro, pequeña o mediana empresa (art. 2° de la Ley 24.467) o sean personas humanas, sucesiones indivisas o entidades sin fines de lucro, “en todos los casos siempre que no revistan el carácter de Grandes Contribuyentes Nacionales”. Son dos precisiones que no surgen expresamente de la ley: el momento en que se evalúa la condición del infractor y la exclusión de los Grandes Contribuyentes Nacionales también respecto de las MiPyMEs.
  • Compatibilidad: opera de pleno derecho y “no resulta óbice” a la aplicación de los demás mecanismos de reducción de la Ley 11.683 y sus normas complementarias.

9. Reducción transitoria del 50% de multas formales (art. 4°)

También se reglamenta la reducción del 50% prevista en el art. 17 de la Ley 27.826 (Régimen Especial de Reducción de Multas), aplicable a las multas formales de los arts. 38, 39 y sus artículos sin número de la Ley 11.683 por infracciones cometidas antes de la vigencia de la Ley 27.826 (9/10/2026), correspondientes a obligaciones vencidas a partir de la vigencia de la Ley 27.799, que no estén firmes o que, estando firmes, no hayan sido canceladas.

  • ¿Quiénes pueden acceder?: los mismos sujetos del punto anterior, con su calificación evaluada al momento del incumplimiento y con exclusión, en todos los casos, de los Grandes Contribuyentes Nacionales.
  • Condición: la reducción “operará de pleno derecho” siempre que el contribuyente cumpla la obligación formal u omisión que dio origen a la infracción, dentro de los plazos y con las demás condiciones que establezca ARCA.
  • Compatibilidad: tampoco impide aplicar otras reducciones de la Ley 11.683.
  • Lo que exige la ley: el art. 17 de la Ley 27.826 condiciona el acogimiento a que se acredite el cumplimiento del deber formal de manera previa o simultánea, al allanamiento incondicional por la porción no reducida, a la renuncia a toda acción y derecho y al pago de costas y gastos causídicos; además, no permite repetir lo abonado antes de su vigencia. No queda claro cómo se compatibiliza la operatividad “de pleno derecho” que menciona el Decreto con el acogimiento y allanamiento que exige la ley; habrá que estar a lo que disponga ARCA, que cuenta con 30 días desde la publicación de la ley para reglamentarlo (art. 18).

Disposiciones transitorias y vigencia

10. Período fiscal 2025: se puede pasar del régimen general al simplificado (art. 5°)

  • ¿Quiénes?: los contribuyentes que ya presentaron la declaración jurada de Ganancias 2025 por el régimen general antes de la entrada en vigencia del Decreto y que cumplan los requisitos de la Ley 27.799 con las modificaciones de la Ley 27.826 (es decir, sin los topes de ingresos y patrimonio y sin el requisito de residencia durante todo el período, que no rige para 2025).
  • ¿Cómo?: rectificando la declaración presentada por el régimen general “hasta la fecha de vencimiento de presentación de la declaración jurada simplificada”.
  • Plazo: la rectificativa tiene que presentarse dentro del vencimiento que ARCA haya fijado para la presentación de la declaración jurada simplificada del período fiscal 2025. Debe prestarse especial atención a que el vencimiento para presentar y el vencimiento para pagar pueden no coincidir, y el efecto liberatorio exige el pago en término. Conviene analizar cada caso con atención y estar atentos a eventuales prórrogas o normas complementarias de ARCA.

11. Normas complementarias y vigencia (arts. 6° y 7°)

  • ARCA: deberá dictar las normas complementarias y operativas para aplicar el Capítulo II del Título I de la Ley 27.826, el Decreto y su Anexo.
  • Lo que sigue vigente del Decreto 93/2026: se mantienen el primer artículo sin número incorporado a continuación del art. 53 del Decreto 1397/79 y los arts. 3° a 6° del Decreto 93/2026: regularización de saldos y discrepancia significativa en aportes y contribuciones (Leyes 14.236, 23.660 y 23.661), convalidación de las adhesiones hechas bajo el Decreto 353/2025 y pautas para cancelar multas formales y evaluar los montos del Régimen Penal Tributario. Un dato a tener en cuenta: en seguridad social la discrepancia significativa conserva el esquema anterior, de modo que el supuesto sin umbral sigue limitado a la documentación apócrifa y no incluye los ingresos directos.
  • Vigencia: el Decreto rige desde su publicación en el Boletín Oficial (23/10/2026). El régimen simplificado sigue aplicándose a los períodos fiscales iniciados a partir del 1/1/2025, inclusive.

 

Cabe aclarar que con la publicación del Decreto 1253/2026 el régimen todavía no está completo. Aun se encuentra pendiente la reglamentación de parte de la UIF, del BCRA y otros organismos vinculados con el requisito de bancarización. El Anexo anterior regulaba ese requisito, pero el nuevo ya no lo menciona porque ahora está previsto en la propia Ley de Inocencia Fiscal II.

 

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Para información adicional, por favor contactar a Gastón Miani, Leonel Zanotto, María de los Ángeles Olano, o Bárbara Durante.


Resolución General ARCA N° 5903/2026: Nuevo Régimen de Precios de Transferencia

El 30 de septiembre de 2026 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General N° 5903/2026 (la "Resolución") de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ("ARCA"). La Resolución abroga las Resoluciones Generales N° 4.717, 4.733, 4.759, 5.010 y 5.798, que seguirán aplicándose a los ejercicios fiscales iniciados antes de su entrada en vigencia. El nuevo texto reúne en uno solo tres regímenes: el de precios de transferencia, el de información de operaciones internacionales (incluido el Informe Maestro) y el Régimen Simplificado de Operaciones Internacionales. Según sus considerandos, se dicta para adecuar la normativa a las modificaciones introducidas por el Decreto N° 767/2025 y conforme a la experiencia adquirida.

La Resolución mantiene la vigencia de los formularios F. 2668, F. 2672, F. 2673 y F. 4501, por lo que la presentación de cada régimen de información sigue canalizándose a través de los mismos instrumentos. Al mismo tiempo, eleva en forma significativa los umbrales que determinan la obligación de presentarlos. Además, a diferencia del régimen anterior, incorpora un mecanismo de actualización anual.

A continuación, se resumen las principales modificaciones respecto del régimen anterior. Este resumen no agota el contenido de la Resolución, que incluye otras pautas de evaluación, documentación e información cuyo alcance debe analizarse en función de las operaciones de cada contribuyente.

1. Nuevos umbrales y actualización automática (arts. 57, 58, 60, 63 y 64)

Los parámetros que determinan la obligación de presentar cada régimen se elevan en forma significativa respecto de los vigentes según la RG N° 5.798:

  • F. 2668 (art. 58):
    • Importaciones y exportaciones con partes independientes: de $500 millones a $7.500 millones.
    • Operaciones sujetas a precios de transferencia: de $150 millones en conjunto, o $15 millones individualmente, a $1.500 millones y $300 millones, respectivamente.
  • F. 4501 – Estudio de Precios de Transferencia (art. 60):
    • Umbral: de $150 millones en conjunto, o $15 millones individualmente, a $3.000 millones y $600 millones, respectivamente.
    • Además, deben presentarlo sin importar esos montos quienes estén obligados al F. 2668 por operaciones de precios de transferencia y formen parte de grupos multinacionales obligados al Informe País por País.
  • F. 2673 – Informe Maestro (art. 63):
    • Ingresos consolidados del grupo: de $100.000 millones a $500.000 millones.
    • Operaciones con vinculados del exterior: de $150 millones en conjunto, o $15 millones individualmente, a $3.000 millones o $600 millones, respectivamente.
    • Ambos requisitos deben darse en forma concurrente.
  • F. 2672 – Régimen Simplificado (arts. 64 y 65):
    • En el supuesto de operaciones con independientes, el tramo que habilita la opción pasa de "más de $500 millones y menos de $3.000 millones" a "más de $7.500 millones y menos de $45.000 millones".
    • Se mantienen los restantes supuestos de acceso y la exclusión de los grupos obligados al Informe País por País o al Informe Maestro.
  • Intermediarios internacionales (art. 57): el umbral de operaciones con el intermediario del exterior por debajo del cual no deben conservarse sus estados contables pasa de $1.500 millones a $15.000 millones.

Según lo previsto en esta nueva normativa, los montos se actualizarán anualmente por la variación del IPC de octubre respecto del mismo mes del año anterior. La primera actualización se aplicará a los ejercicios que inicien a partir del 1° de enero de 2028.

2. Reglas de evaluación de las operaciones (arts. 5, 6 y 54)

Como regla general, el análisis de comparabilidad se mantiene sobre el sujeto local. Ahora podrá efectuarse sobre el sujeto del exterior cuando se cumplan tres condiciones:

  • que sus activos, riesgos y funciones resulten de menor complejidad;
  • que se apliquen los métodos de precio de reventa, costo más beneficios o margen neto de la transacción; y
  • que la operación consista en servicios recibidos (excepto operaciones financieras), operaciones con intermediarios, importaciones de bienes inferiores al 2% del costo operativo total o exportaciones de bienes inferiores al 2% del total de ventas.

Además, deben verificarse en forma concurrente tres requisitos:

  • contar con información confiable sobre la rentabilidad del sujeto del exterior;
  • que las comparables requieran menos ajustes; y
  • que no se utilicen intangibles valiosos o únicos.

3. Servicios de bajo valor agregado (arts. 17 y 18)

Se incorpora una opción específica para los servicios de bajo valor agregado, que no estaba prevista en el régimen anterior. Se podrá considerar que estas remuneraciones responden al principio del operador independiente, sin necesidad de un análisis de comparabilidad, cuando el margen de utilidad sobre los costos y gastos operativos vinculados a la transacción sea:

  • de al menos el 5%, si el prestador es el sujeto local; o
  • de hasta el 5%, si el prestador es una parte vinculada del exterior.

Además de cumplir con las pautas generales para servicios del artículo 16, la opción exige que se den, en forma conjunta, los siguientes requisitos:

  • que los servicios de bajo valor agregado no superen el 10% de los gastos operativos del sujeto local, si los recibe, o el 10% de sus ingresos operativos, si los presta;
  • que el sujeto local, cuando sea la parte analizada, no registre pérdidas operativas en el período; y
  • que el sujeto local, cuando sea la parte analizada, no esté atravesando un proceso de reestructuración de negocios.

4. Pautas que se mantienen

  • Intermediarios (arts. 31, 55 y 57): se mantiene la obligación de acreditar la sustancia del intermediario del exterior, es decir, del sujeto que media en la compraventa de mercadería sin tener su posesión física.
  • Operaciones financieras (arts. 20 y 21): se mantienen, en lo sustancial, las pautas sobre la acreditación de la capacidad del dador y del tomador, y sobre el uso de la calificación crediticia del grupo cuando el respaldo implícito impida identificar comparables de mercado.
  • Reestructuraciones de negocios (arts. 36 y 37): se mantiene, en lo sustancial, su regulación. El Estudio de Precios de Transferencia deberá determinar la compensación que hubiese correspondido entre partes independientes y expresar en forma segregada el ajuste de precios de transferencia que surja de la reestructuración.

5. Vencimientos y vigencia (arts. 70, 74 y 75)

El Estudio de Precios de Transferencia y el F. 2668 (o, en su caso, el F. 2672) vencen en el séptimo mes posterior al cierre del ejercicio, entre los días 2 y 6 según la terminación de la CUIT. Antes vencían en el sexto mes, entre los días 23 y 27.

El Informe Maestro, o la Nota de Ratificación que lo reemplace, mantiene su vencimiento en el duodécimo mes posterior al cierre, entre los días 23 y 27 según la terminación de la CUIT.

 

La Resolución rige desde su publicación y se aplica a los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1° de octubre de 2026. En consecuencia, los ejercicios iniciados con anterioridad continuarán rigiéndose por los montos, requisitos y plazos del régimen anterior.

 

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Para información adicional, por favor contactar a Gastón Miani, Leonel Zanotto, Maria de los Ángeles Olano, Bárbara Durante, Lucas Garin o Matías Castrillón.


Inocencia Fiscal II: Declaración Jurada Simplificada, Multas y Régimen Sancionatorio Rural

El 17 de septiembre de 2026, la Cámara de Senadores aprobó y convirtió en ley la iniciativa denominada “Inocencia Fiscal II”, que modifica las Leyes Nros. 11.683 (de Procedimiento Tributario), 27.799 (la llamada “Ley de Inocencia Fiscal”) y 25.191 (de Trabajadores Rurales). A la fecha, resta su promulgación y publicación en el Boletín Oficial.

Título I

1. Discrepancia significativa a los fines de la prescripción (art. 1°)

Se sustituye el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 56 de la Ley 11.683, que define la discrepancia significativa a los efectos del inciso a) de esa norma, esto es, del plazo de prescripción reducido a tres años cuando el contribuyente inscripto hubiera cumplido en término con la presentación de la declaración jurada correspondiente y, en su caso, hubiera regularizado el saldo resultante. La definición había sido incorporada por la Ley 27.799 tomando como parámetro los saldos de impuesto, lo que permitía que un ajuste de escasa magnitud superara el umbral cuando el saldo declarado era nulo o exiguo por efecto de retenciones, percepciones, pagos a cuenta y anticipos.

  • Nuevo parámetro para el inciso i): la comparación pasa de los “saldos de impuestos a favor del organismo” al impuesto determinado. Hay discrepancia cuando la impugnación de ARCA arroja un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos no inferior al 15% de lo declarado.
  • Umbral penal del inciso ii): se mantiene el supuesto de discrepancia cuando ese incremento del impuesto determinado (antes refería a la diferencia entre el declarado y el resultante de la impugnación del Fisco) o reducción de los quebrantos (nuevo supuesto) supera la suma del artículo 1° del Régimen Penal Tributario.
  • Apócrifos e ingresos directos del inciso iii): el supuesto, antes limitado a las facturas y otros documentos apócrifos, se extiende ahora también a los ingresos directos computados improcedentemente, incluidas retenciones, percepciones, pagos a cuenta y anticipos, y haciendo referencia ahora al “saldo de impuesto determinado o a favor del Fisco”.

2. Reducción permanente del 25% de multas formales (art. 2°)

Se incorpora el artículo 49 bis a la Ley 11.683, sin equivalente en el texto anterior, bajo el título “Régimen reducción para MiPyMEs y personas humanas”.

  • Alcance: las multas de los artículos 38, 39 y de los artículos sin número incorporados a continuación de estos se reducen de pleno derecho en un 25%.
  • Sujetos: infractores que califiquen como micro, pequeña o mediana empresa (art. 2° de la Ley 24.467), o personas humanas, sucesiones indivisas o entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales.
  • Operatividad: se trata de un beneficio permanente y hacia adelante, que convive con la reducción transitoria del 50% del Título III (ver punto 13).

3. Sujetos alcanzados por el régimen de Declaración Jurada Simplificada (art. 3°)

Se sustituye el artículo 38 de la Ley 27.799, que definía el universo de contribuyentes habilitados a optar por la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias.

  • Eliminación de topes: la Ley 27.799 exigía verificar concurrentemente, al 31 de diciembre del año anterior al de la opción y durante los dos años fiscales previos, ingresos totales de hasta $1.000.000.000, patrimonio total de hasta $10.000.000.000 y no calificar como “grandes contribuyentes nacionales”. El nuevo texto suprime esos parámetros.
  • Universo alcanzado: personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país en los términos del artículo 116 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias que opten por la modalidad simplificada. Sobre el nuevo requisito de residencia por todo el período, ver punto 11.
  • Acceso sin beneficios: los Grandes Contribuyentes Nacionales -antes directamente excluidos- y los funcionarios públicos del artículo 38 bis pueden adherir o permanecer al solo efecto de presentar la declaración jurada y pagarla en término, sin que ello importe los restantes efectos, presunciones ni demás beneficios del régimen.
  • Facultad reglamentaria: se elimina la previsión que habilitaba al Poder Ejecutivo Nacional a establecer requisitos adicionales de acceso.
  • Períodos: la opción puede ejercerse para períodos fiscales iniciados desde el 1/1/2025, inclusive.

4. Funcionarios públicos alcanzados (art. 4°)

Se incorpora el artículo 38 bis a la Ley 27.799, sin equivalente en el texto anterior, que precisa los cargos comprendidos en la restricción del cuarto párrafo del artículo 38, desempeñados en la actualidad o dentro de los cinco años anteriores al ejercicio de la opción de adhesión o de permanencia, mencionando diversos funcionarios de los tres poderes del Estado, entre ellos, legisladores, defensores del Pueblo, magistrados, entre otros.

  • Estos sujetos conservan el canal operativo para presentar la declaración jurada y efectuar su pago, pero sin la presunción de exactitud, el efecto liberatorio ni los demás beneficios del régimen (ver punto 3).

5. Discrepancia significativa en el Régimen de Declaración Jurada Simplificada (art. 5°)

Se sustituyen los incisos i), ii) y iii) del segundo párrafo del artículo 40 de la Ley 27.799.

  • Mismo parámetro para el inciso i): la discrepancia se mide sobre el impuesto determinado -y no sobre los saldos de impuesto- o reducción de quebrantos, con el mismo umbral del 15% respecto de lo declarado.
  • Piso de tolerancia establecido en el inciso i): no se configura discrepancia significativa cuando la diferencia no supere un umbral mínimo equivalente al 5% del monto del artículo 1° del Régimen Penal Tributario -hoy $100.000.000 conforme el artículo 1° de la Ley 27.799, esto es, $5.000.000, sujeto a la actualización anual por UVA del artículo 43 de esa ley-.
  • Suma fijada por el art. 1° del Régimen Penal Tributario para el inciso ii): también existirá discrepancia significativa si de la impugnación resultare un incremento del impuesto determinado (antes refería a la diferencia entre el impuesto declarado y el impuesto que resulte como consecuencia de la impugnación) o una reducción de quebrantos que supere la suma fijada en el art. 1° del Régimen Penal Tributario.
  • Apócrifos e ingresos directos del inciso iii): se extiende la discrepancia a los ingresos directos computados improcedentemente y se elimina la salvedad de la Ley 27.799, que neutralizaba la discrepancia cuando el contribuyente rectificaba la declaración jurada impugnada e ingresaba la diferencia con más sus intereses, sin perjuicio de la regla general de rectificación que incorpora el artículo 6° (ver punto 6).

6. Carga de la prueba, IVA y rectificativas (art. 6°)

Se incorporan párrafos a continuación del último párrafo del artículo 40 de la Ley 27.799, que precisan el alcance de la presunción de exactitud y el modo de acreditar la discrepancia.

  • Períodos de IVA: son períodos no prescriptos los comprendidos hasta diciembre, inclusive, del período fiscal de Ganancias por el que se ejerció la opción. Respecto de los períodos de IVA coincidentes con el período por el que se presenta la Declaración Jurada Simplificada, la presunción de exactitud resulta aplicable, salvo que se detecten la utilización de facturas o documentos apócrifos o ingresos directos computados improcedentemente.
  • Carga de la prueba: recae exclusivamente sobre ARCA, que solo puede valerse de la información declarada por el contribuyente y de la disponible en sus sistemas o aportada por terceros. Cualquier otra consideración carece de valor probatorio a los efectos de impugnar el régimen. La Ley 27.799 no asignaba expresamente la carga de la prueba ni limitaba los elementos computables.
  • Rectificativas: no se computa la diferencia entre la declaración jurada simplificada original y la rectificativa presentada dentro de los 15 días hábiles de notificada la liquidación administrativa del artículo 14 o la determinación de oficio del artículo 17, ambos de la Ley 11.683, siempre que los saldos resultantes, con más sus intereses, se cancelen o regularicen.
  • Alcance: las reglas se aplican a cada uno de los períodos por los cuales se hubiera presentado la declaración jurada bajo la modalidad simplificada.

7. Canalización de las operaciones y utilización de fondos (art. 7°)

Se incorpora el artículo 40 bis a la Ley 27.799, sin equivalente en el texto anterior, que condiciona el uso de los fondos a su canalización por el sistema financiero formal.

  • Bancarización: las operaciones deben canalizarse por los medios autorizados por el BCRA y/o la CNV a sus sujetos regulados; la exigencia se cumple cuando esos medios se utilizan en el origen o en el destino de la operación.
  • Inmuebles: la exigencia también se tiene por cumplida respecto de los fondos aplicados a pagos en efectivo efectuados en ocasión del otorgamiento de escrituras públicas que constituyan, modifiquen, declaren o extingan derechos reales sobre inmuebles.
  • Plazo: hasta el 31/12/2027, a los fondos así utilizados por contribuyentes alcanzados por la presunción de exactitud les resulta aplicable el tercer párrafo del artículo 40, esto es, la liberación de toda acción civil, penal tributaria, aduanera e infraccional.
  • Impuesto sobre los Bienes Personales: a los fines del título VI de la Ley 23.966, esos fondos se consideran incorporados al patrimonio del contribuyente el día en que se efectúa la operación.
  • Prevención de lavado de activos: la constancia de adhesión debe ser considerada por los Sujetos Obligados del artículo 20 de la Ley 25.246 como antecedente favorable en la identificación y monitoreo de operaciones, sin alterar sus obligaciones de debida diligencia (sobre la reglamentación de la UIF, ver punto 11).
  • Consultas: ARCA debe habilitar servicios de consulta automatizados y/o interfaces de programación de aplicaciones (API) que permitan a los Sujetos Obligados validar si el cliente se encuentra adherido, excluido o dado de baja del régimen.

8. Indicios y presunciones de la Ley 11.683 (art. 8°)

Se sustituye el artículo 41 de la Ley 27.799, que excluía únicamente el inciso f) del artículo 18 de la Ley 11.683 (de incremento patrimonial no justificado) a los efectos de evaluar la discrepancia significativa.

  • Exclusión ampliada: durante el período previsto en el segundo párrafo del artículo 40 bis (esto es, 31/12/2027) no resultan aplicables los incisos f) y g) -de depósitos bancarios, debidamente depurados, que superen las ventas y/o ingresos declarados del periodo- del artículo 18 de la Ley 11.683.
  • Restantes presunciones: los demás indicios y presunciones del artículo 18 no pueden ser fundamento exclusivo de la discrepancia significativa y solo valen como elementos indiciarios, sujetos a corroboración con la información declarada por el contribuyente y la disponible en los sistemas de ARCA o aportada por terceros.

9. Restablecimiento de la presunción y devolución de pagos (art. 9°)

Se incorpora el artículo 42 bis a la Ley 27.799, sin equivalente en el texto anterior, que regula las consecuencias de una impugnación que finalmente no prospera.

  • Restablecimiento: si la resolución determinativa de oficio que impugnó la modalidad simplificada es anulada, revocada o dejada sin efecto por resolución administrativa o judicial firme, o consentida favorablemente al contribuyente, se restablece íntegramente la presunción de exactitud de los períodos alcanzados y se considera que no debió habilitarse su verificación y fiscalización, retrotrayendo los efectos a la situación previa.
  • Devolución: si el contribuyente hubiera pagado la pretensión fiscal durante el procedimiento o proceso, ARCA debe reintegrar el importe con más sus intereses -calculados a la tasa de repetición de tributos- dentro de los 45 días hábiles de notificada la resolución mencionada.

10. Procedimientos en curso y eximición de multas materiales (art. 10)

Se incorpora el artículo 42 ter, que ordena la relación entre la adhesión al régimen simplificado y las actuaciones ya iniciadas por ARCA. La Ley 27.799 no contenía una norma de transición: solo preveía, en su artículo 40, que la presunción de exactitud liberaba de toda acción civil, penal tributaria e infraccional, sin aclarar qué ocurría con fiscalizaciones o determinaciones de oficio ya notificadas.

  • Regla general: la adhesión no obsta a la validez, prosecución ni continuidad de las órdenes de intervención ni de los procedimientos de liquidación administrativa o de determinación de oficio de la Ley 11.683 notificados con anterioridad a la fecha en que se ejerció la opción, ni afecta la tramitación de los recursos administrativos y procesos judiciales pendientes a esa fecha.
  • Excepción: quienes adhieran y, con anterioridad, hubieran cancelado o regularizado la totalidad del tributo y los intereses resarcitorios de ajustes de ARCA en Ganancias y/o IVA por períodos alcanzados por la presunción de exactitud del artículo 40, quedan eximidos de las multas de los artículos 45 y 46 de la Ley 11.683 vinculadas a esos ajustes, salvo que se encuentren firmes a la fecha de ejercicio de la opción.
  • Cómo se acredita: basta haber prestado conformidad a la pretensión fiscal y pagado, o haberse adherido a un plan de facilidades vigente, antes de la fecha de adhesión. La caducidad del plan deja sin efecto la exención y la multa se restituye en su totalidad.
  • Condición de perfeccionamiento: el contribuyente debe renunciar a la acción de repetición del impuesto e intereses resarcitorios pagados o regularizados vinculados a esa multa.
  • ARCA dictará las normas complementarias necesarias.

11. Aplicación en el tiempo del régimen simplificado (arts. 11 a 13)

  • Efectos: los cambios rigen para períodos fiscales iniciados desde el 1/1/2025, inclusive, con dos excepciones: el requisito de residencia por todo el período (art. 11) y el régimen de funcionarios públicos, que rige recién desde la entrada en vigencia de la ley.
  • Residencia fiscal: el nuevo artículo 38 exige revestir la condición de residente fiscal durante la totalidad del período declarado (la Ley 27.799 solo requería ser "residente en el país"). Ese requisito no se aplica a quienes adhieran por el período fiscal 2025.
  • Funcionarios públicos: el nuevo artículo 38 bis, sin equivalente en la Ley 27.799, limita el acceso al régimen a determinados cargos, solo a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
  • UIF: se la instruye a dictar la normativa complementaria sobre el tratamiento de la constancia de adhesión como “antecedente favorable” por parte de los Sujetos Obligados dentro de los 15 días hábiles de la publicación. La Ley 27.799 no preveía intervención de la UIF ni plazos de reglamentación.

Título II

12. Régimen sancionatorio rural – RENATRE (arts. 14 a 16)

Se trata de una materia ajena a la Ley 27.799: el Título II modifica la Ley 25.191.

  • Infracciones: se reemplaza el régimen sancionatorio para los empleadores que infrinjan las disposiciones de la ley, basado principalmente en incumplimientos vinculados con la libreta de trabajo rural por uno centrado en la registración del contrato: declaración inconsistente (leve), falsa (grave) u omisión total (muy grave).
  • Multas: se elevan de $80–$250, $250–$1.000 y $1.000–$5.000 a $120.000–$187.500, $375.000–$1.500.000 y $1.500.000–$7.500.000, respectivamente.
  • Reincidencia: se reemplazan el adicional previsto para reincidencia en infracciones graves y la clausura por reincidencia en infracciones muy graves por un incremento de hasta el 50% del tope máximo de estas últimas, ante reincidencia dentro de los 5 años.
  • Actualización: desde el 1/1/2027, los montos se actualizarán anualmente por UVA; para el pago de las sanciones rige el monto vigente al momento de la cancelación.
  • Aplicación temporal: el nuevo régimen alcanza las infracciones cuya constatación material sea posterior a la entrada en vigencia de la ley.

Título III

13. Reducción del 50% de multas formales (arts. 17 y 18)

  • Alcance: las multas de los artículos 38, 39 y sus artículos sin número de la Ley 11.683, esto es, precisamente los montos que la Ley 27.799 (arts. 15 a 27) había multiplicado (por ejemplo, art. 38: de $200/$400 a $220.000/$440.000; art. 39: de $150/$2.500 a $150.000/$2.500.000). Ello sin perjuicio de la reducción permanente del 25% prevista en el nuevo artículo 49 bis de la Ley 11.683 (ver punto 2).
  • Requisitos: infracciones cometidas antes de la vigencia de la nueva ley, por obligaciones vencidas a partir del 2/1/2026, que no se encuentren firmes o que, estándolo, no hayan sido canceladas; y aplicadas a contribuyentes que sean micro, pequeña o mediana empresa (art. 2° de la Ley 24.467), personas humanas, sucesiones indivisas o entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales.
  • Condiciones del acogimiento: debe acreditarse el cumplimiento de la obligación formal omitida en forma previa o simultánea. El acogimiento implica allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por la porción no reducida, renuncia a toda acción y derecho y pago de costas, y no habilita la repetición de lo abonado con anterioridad.
  • Reglamentación: ARCA cuenta con 30 días para dictar las normas complementarias y adecuar sus sistemas.

14. Vigencia (arts. 19 y 20)

La ley regirá desde su publicación en el Boletín Oficial, con excepción de las reglas de aplicación temporal de los artículos 13 y 16 -misma técnica que el artículo 45 de la Ley 27.799-.

 

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Para información adicional, por favor contactar a Gastón Miani, Leonel Zanotto, Maria de los Ángeles Olano, Bárbara Durante, Gala Garriga.


Decreto 482/2026: Régimen de Inversiones para la Actividad Minera

El Poder Ejecutivo Nacional publicó el Decreto N° 482/2026 (el “Decreto”), que sustituye el Anexo 1 del Decreto N° 2686/1993, reglamentario de la Ley N° 24.196 de Régimen de Inversiones para la Actividad Minera (el “Régimen”). La medida busca adecuar la normativa a las nuevas realidades productivas y tecnológicas, en línea con la desregulación iniciada por el Decreto N° 449/2025. Los ejes principales son: simplificación administrativa, seguridad jurídica y modernización de los mecanismos de control y promoción.

I. Antecedentes y motivación

La medida busca asegurar la coherencia con las modificaciones introducidas por el Decreto N° 449/2025, el cual se orientó hacia la desregulación y modernización de los procedimientos de la Ley de fondo.

El Decreto procura adecuar la reglamentación aprobada por el Decreto N° 2686/93 a las nuevas realidades productivas, tecnológicas y administrativas, con el objeto de asegurar su coherencia con la normativa de fondo, simplificar la gestión administrativa, reducir cargas burocráticas, fortalecer la seguridad jurídica y modernizar los instrumentos de control y promoción, promoviendo un esquema más simple, transparente y competitivo para el desarrollo de la minería; en ese marco, se dispone la sustitución del Anexo del Decreto N° 2686/93.

El presente Decreto busca, asimismo, impulsar la digitalización de los procesos administrativos a través de plataformas electrónicas del Estado, reduciendo así requisitos documentales.

II. Modificaciones

II.1. Sujetos Alcanzados

El artículo 2° del nuevo Anexo del Decreto redefine el alcance subjetivo del Régimen, precisando quiénes pueden acceder a sus beneficios. En particular, limita el acceso a las personas jurídicas constituidas en la República Argentina y a las personas humanas residentes en el país que desarrollen, por cuenta propia y en territorio nacional, las actividades mineras previstas en el artículo 5° de la Ley N° 24.196, debiendo acreditar la titularidad del proyecto minero y sus lineamientos básicos.

Asimismo, actualiza las condiciones de inscripción en el Registro de Inversiones Mineras (“RIM”), requisito indispensable para la obtención de los beneficios promocionales del Régimen, y establece reglas específicas para productores mineros y prestadores de servicios mineros.

Productores mineros (actividades por cuenta propia)

Pueden inscribirse en el RIM quienes desarrollen o se establezcan con el propósito de ejercer actividades mineras por cuenta propia. Para los nuevos proyectos, el Decreto incorpora como requisito adicional acreditar la titularidad del área o concesión minera y presentar ante la Autoridad de Aplicación los lineamientos básicos del emprendimiento.

Prestadores de servicios mineros

Se incorpora un régimen específico para quienes realicen, a título de prestación de servicios para productores mineros, las actividades del artículo 5°, inciso a) de la Ley. Para la inscripción y permanencia deben:

  • Acreditar anualmente un porcentaje mínimo de facturación proveniente de servicios mineros sobre el total de su facturación, cuyo umbral determina la Autoridad de Aplicación mediante resolución complementaria.
  • Informar dicho porcentaje anualmente con carácter de declaración jurada, acompañada de certificación de contador público matriculado.

Incluye un procedimiento de intimación, suspensión y baja del RIM en caso de incumplimiento de sus obligaciones.

II.2. Estabilidad Fiscal

Para acceder a la estabilidad fiscal del artículo 8° de la Ley, las empresas deberán presentar un estudio de factibilidad avalado por profesional competente que incluya:

  • Evaluación mediante informe técnico previo.
  • Plazo de 30 días hábiles para subsanar deficiencias formales o sustanciales, bajo apercibimiento de tener el estudio por no presentado.
  • La Autoridad de Aplicación debe resolver en 60 días hábiles y emitir el certificado, tomando como fecha de estabilidad la de presentación del estudio (o la de la subsanación, en su caso).
  • Los beneficiarios deben informar toda modificación relevante del proyecto.
  • El incremento de carga tributaria se determina por proyecto y por ejercicio fiscal en forma independiente.

Se precisa la distinción entre impuestos directos (sin traslado posible) e indirectos (recuperables de terceros). Quedan comprendidos como directos aquellos tributos que incidan en los costos de la empresa minera, cuando esta sea sujeto pasivo responsable y los bienes o servicios gravados se utilicen en sus procesos productivos.

II.3. Impuesto a las Ganancias

Deducciones (art. 12 Ley N° 24.196)

Son deducibles los gastos de prospección, exploración, estudios especiales, ensayos e investigación aplicada vinculados al proyecto. Se excluye expresamente el canon de exploración; los gastos de publicidad sólo son deducibles si se acredita su vinculación directa con la actividad exploratoria. Reglas clave:

  • No son deducibles los gastos anteriores a la inscripción.
  • Las deducciones se imputan conforme a reglas generales del impuesto, con posibilidad de computarlas en hasta 5 años desde el inicio productivo.
  • Solo pueden aplicarse contra ganancias de actividades mineras alcanzadas (requiere registración contable separada).
  • No procede compensación con utilidades ajenas al Régimen. En reorganizaciones empresarias, los quebrantos originados en beneficios del Régimen no son trasladables a entidades continuadoras, salvo en casos de transformación societaria o cuando la continuadora, inscripta en la Ley, continúe el mismo proyecto.

Amortizaciones especiales (art. 13, punto 1.2)

La aplicación es optativa. Los sujetos inscriptos deben informar anualmente a ARCA la vida útil asignada. El beneficio aplica a bienes nacionales o importados, nuevos, usados o reacondicionados. Los bienes deben permanecer en el patrimonio y afectarse a destinos mineros hasta el cierre del ciclo o fin de su vida útil; su transferencia anticipada requiere autorización y obliga al reintegro de la amortización especial con intereses y sanciones. Se regula el tratamiento de excedentes de amortización y su traslado a ejercicios futuros.

IVA - Crédito fiscal exploratorio (art. 14 bis)

Se regula la devolución del crédito fiscal vinculado a bienes y servicios aplicados a actividades exploratorias. El solicitante debe presentar facturas, comprobantes de pago (precio e IVA), despachos de importación y descripción de las tareas. La Autoridad de Aplicación se expide en 30 días hábiles sobre la pertinencia técnica, y ARCA emite el acto de devolución en no más de 30 días hábiles desde la admisibilidad formal.

Avalúo de Reservas (arts. 15 y 16 de la Ley N° 24.196)

El Decreto incorpora en el artículo 27 del Anexo, la obligación de los inscriptos de aportar información geológica de superficie de las áreas exploradas, que se hace exigible al momento de presentar el estudio de factibilidad, al desistir de continuar la exploración, o transcurridos dos (2) años desde la conclusión o interrupción de las tareas exploratorias, lo que ocurra primero. La Autoridad de Aplicación remitirá copia de dicha información al organismo provincial correspondiente.

II.4. Disposiciones fiscales complementarias

Los titulares de proyectos deben presentar anualmente -dentro de los 30 días hábiles posteriores al vencimiento de la DDJJ de Ganancias- una declaración jurada por TAD acompañada de un informe económico-financiero suscripto por profesional independiente. El informe debe incluir datos del proyecto, estructura societaria, recursos y reservas, producción, inversiones y desvíos. La inclusión de datos sobre insumos, infraestructura y exportaciones es optativa. Esta exigencia no aplica a ejercicios anteriores a 2025. Todos los plazos de la Ley de fondo se computan en días hábiles administrativos (art. 4° Ley N° 11.683).

El decreto establece que todas las declaraciones juradas que los beneficiarios deban efectuar en el marco de la Ley N° 24.196, el reglamento o sus normas complementarias, deberán realizarse por proyecto minero (art. 32). A tal fin, incluyó la definición de “proyecto minero” como el conjunto de acciones, obras y bienes que tengan por finalidad llevar a cabo actividades tendientes al descubrimiento, valoración, cuantificación, preparación, desarrollo, extracción, transporte y comercialización de minerales de uno o más yacimientos objeto de uno o más derechos mineros conforme al Código de Minería de la Nación. También queda comprendido en esta definición el proyecto cuyo titular desarrolle procesos de industrialización o beneficios de minerales del inciso b) del artículo 5° de la Ley N° 24.196, siempre que se cumplan las condiciones allí establecidas.

II.5. Respecto de las importaciones

La exención comprende derechos de importación y demás tributos (incluyendo Tasa de Estadística), pero excluye IVA y tasas retributivas por servicios efectivamente prestados. Aspectos destacados:

  • Bienes de capital y equipos: pueden ser nuevos, usados o reacondicionados (estos últimos requieren certificación técnica de aptitud minera). Partes, repuestos e insumos deben ser nuevos, salvo autorización expresa.
  • Se define bien reacondicionado como aquel sometido a un proceso documentado de restauración que restituya sus condiciones originales, certificado por fabricante, entidad técnica idónea o profesional habilitado.
  • El importador debe presentar una declaración jurada ante la Autoridad de Aplicación por cada bien o conjunto de bienes, consignando destino minero y posiciones arancelarias NCM. La autoridad la remite a Aduana vía Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) en 5 días hábiles para validación en el Sistema Informático Malvina.
  • Comprobación de destino: para bienes de capital, hasta la extinción de su vida útil o cierre del ciclo; para insumos, hasta su consumo total o fin del ciclo.
  • Incumplimiento del destino minero: obliga al pago de tributos calculados sobre el valor en aduana a la fecha de importación, más accesorios y sanciones.
  • Desafectación autorizada: procede al cierre del ciclo, extinción de vida útil o pago de los gravámenes dispensados. El ciclo minero va desde el inicio del proyecto hasta el cierre de la mina.
  • Traslados y transferencias: se admite el traslado temporario para reparación (previa notificación) y la afectación alternativa a distintas explotaciones del mismo titular o de vinculadas inscriptas. La transferencia a terceros requiere autorización y que el adquirente esté inscripto en la Ley.

Para los bienes importados por prestadores de servicios mineros, el ciclo de la actividad que motivó la importación se equipara a la extinción de la vida útil de los bienes. La Autoridad de Aplicación puede considerar concluido ese ciclo anticipadamente, a efectos de autorizar la reexportación sin pago de gravámenes ni sanciones, ante caídas significativas de la demanda de servicios mineros en el país.

Los prestadores que hubieren importado bienes bajo el Régimen y se encuentren suspendidos en sus beneficios deben mantener dichos bienes afectados exclusivamente a la prestación de servicios mineros durante el período de suspensión e informar su situación a la Autoridad de Aplicación conforme lo establezca la resolución complementaria. El incumplimiento genera las sanciones previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley, más la obligación de ingresar los gravámenes dispensados en caso de transferencia o uso en otras actividades.

II.6. Integración Regional

El Decreto amplió el radio de integración regional de doscientos kilómetros (200 km) a quinientos  kilómetros (500 km) de los yacimientos ubicados en territorio nacional (artículo 5° del nuevo Anexo del Decreto). La modificación recoge la práctica preexistente de excepciones otorgadas por la Autoridad de Aplicación y otorga certeza normativa a proyectos que vinculan yacimientos y plantas de beneficio en esa franja territorial. Se prevé también que, por única vez, la Autoridad de Aplicación podrá extender sin límite el radio para aquellas empresas ya radicadas que así se lo soliciten, dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la publicación del Decreto.

La presente ampliación del límite propuesto fomentará la competitividad, permitirá extender la cadena de producción a un territorio mas amplio y promoverá el crecimiento de la actividad.

Se mantienen los demás requisitos: los procesos de tratamiento de minerales deben utilizar no menos del cincuenta por ciento (50%) en peso de insumos minerales provenientes de los yacimientos integrados, computado sobre la producción del año calendario anterior (o sobre el programa declarado en carácter de declaración jurada para el primer año de operación).

El artículo 5° incorpora expresamente dentro de los procesos alcanzados por el sistema de integración regional a determinadas actividades de transformación y tratamiento de minerales, incluyendo procesos de trituración, molienda, beneficio, pelletización, briqueteado, sinterización, calcinación, lixiviación, refinación, fundición y otros procesos industriales destinados a incrementar el valor agregado de los productos minerales.

Por otra parte, el Decreto elimina la exclusión específica aplicable a la piedra partida que contenía el artículo 6° de la reglamentación anterior.

II.7. Domicilio Legal Electrónico

Como medida central de modernización administrativa, el Decreto incorpora el artículo 2° bis, que establece la obligación de constituir un domicilio legal electrónico para todos los inscriptos, en el que se considerarán válidas todas las notificaciones.

II.8. Conservación del Medio Ambiente

El Decreto armoniza el artículo 23 de la Ley N° 24.196 con la Ley General del Ambiente N° 25.675. La previsión especial del artículo 23 (mero asiento contable, deducible en el Impuesto a las Ganancias) no garantiza por sí sola la disponibilidad de activos líquidos para una remediación efectiva. El Seguro Ambiental Obligatorio (“SAO”) previsto en el artículo 22 de la Ley N° 25.675 constituye, en cambio, un instrumento cualitativamente superior. El nuevo Régimen establece:

  • La acreditación del SAO puede satisfacer, previa evaluación de la Autoridad de Aplicación, el requisito de previsión especial para la subsanación de alteraciones ambientales del artículo 23 de la Ley.
  • Proyectos que, por su nivel de complejidad ambiental, no estén alcanzados por la obligación de aseguramiento, o que opten por la herramienta anterior, continuarán obligados a constituir la previsión especial del artículo 23.

El SAO no implica de modo alguno una regresión en la tutela ambiental, sino la consolidación de un instrumento previsto por la legislación anterior y sustancialmente mas eficaz, orientado a asegurar la disponibilidad oportuna y verificable de recursos destinados a la prevención, recomposición y remediación ambiental, representando una mejora funcional respecto de los mecanismos derivados de la previsión especial.

II.9. Regalías (artículo 22 de la Ley N° 24.196)

El nuevo Anexo reglamenta el artículo 22 de la Ley de fondo con modificaciones respecto del texto anterior: precisa la base de cálculo “boca-mina” y reconoce a las provincias adheridas la potestad de establecer mecanismos propios de determinación de la base imponible o beneficios adicionales en correspondencia con las características particulares de cada proyecto.

II.10. Suspensión, caducidad y desafectación de bienes (art. 28)

El decreto reglamenta el procedimiento sancionatorio del artículo 28 de la Ley N° 24.196 en dos aspectos clave:

  • Prórroga de la intimación: la Autoridad de Aplicación queda facultada para prorrogar o renovar el plazo fijado en la intimación prevista en los incisos b) y c) del artículo 28 de la Ley N° 24.196, otorgando flexibilidad en el procedimiento sancionatorio ante incumplimientos de los inscriptos.
  • Concepto de desafectación de bienes: a los efectos del inciso e) del artículo 28 de la Ley N° 24.196, se entiende que existe desafectación cuando los bienes se destinen —de manera permanente o transitoria— a actividades ajenas a las mineras comprendidas por la Ley de fondo, su reglamento y las resoluciones complementarias de la Autoridad de Aplicación. No obstante, dicha autoridad podrá considerar, a su exclusivo juicio, que un uso no minero puramente ocasional, atribuible a necesidades de índole personal o familiar del beneficiario, no configura desafectación.

 

El presente artículo tiene carácter informativo. Para el análisis de situaciones particulares, se recomienda consultar el texto completo del Decreto N° 482/2026 y de la normativa complementaria.

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Para información adicional, por favor contactar al equipo de Derecho Tributario, Aduanero y Comercio Exterior y/o al equipo de Energía, Recursos Naturales e Infraestructura.


Impuesto a los débitos y créditos bancarios: importantes modificaciones en exenciones


El día de hoy, 18 de junio de 2026, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 475/2026 (el "Decreto"), mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional introduce una serie de modificaciones al artículo 10 del Anexo del Decreto N° 380/2001, reglamentario del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias establecido por la Ley de Competitividad N° 25.413. Las modificaciones entraron en vigencia el día de su publicación y resultan aplicables a los hechos imponibles que se perfeccionen a partir de esa fecha.

Antecedentes y motivación

El artículo 2° de la Ley N° 25.413 faculta al Poder Ejecutivo Nacional a establecer exenciones totales o parciales del impuesto cuando lo estime pertinente. En ejercicio de esa atribución, el Decreto N° 380/2001 y sus sucesivas modificaciones fueron incorporando un extenso catálogo de dispensas en su artículo 10. El Decreto 475/2026 actúa sobre ese catálogo con dos objetivos expresamente mencionados en sus considerandos: adecuar el tratamiento de ciertos actores a los avances tecnológicos y al nuevo marco regulatorio que les resulta aplicable, y equiparar las condiciones de sujetos que desarrollan actividades de características similares pero que hasta ahora recibían un tratamiento diferenciado en el gravamen.

Modificaciones a exenciones existentes

En relación con las empresas dedicadas al servicio electrónico de pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de terceros, el decreto introduce tres ajustes sobre incisos preexistentes del artículo 10.

  1. En primer lugar, se sustituye el primer párrafo del inciso d) del artículo 10, referido a las cuentas utilizadas por empresas dedicadas al servicio electrónico de pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de terceros. La modificación no incorpora por primera vez la cobertura de movimientos que posibiliten la entrega o el depósito de efectivo ni la referencia a las cuentas utilizadas por agentes oficiales, ya presentes en la versión anterior, sino que elimina la exigencia de que la cuenta se utilice en el desarrollo “específico” de la actividad, quedando ahora referida al desarrollo de la actividad en términos más amplios. En términos prácticos, la nueva redacción tiende a reducir interpretaciones excesivamente restrictivas acerca del alcance funcional de la cuenta exclusiva beneficiada.
  2. En segundo lugar, se reformula el párrafo introducido en 2019 por el Decreto 373 para las agencias complementarias de servicios financieros. Bajo la redacción anterior, se aclaraba que las cuentas alcanzadas por la franquicia del inciso d) mantenían la exención aun cuando esos sujetos actuaran también como agencias complementarias. La nueva versión dispone, de forma más directa, que el beneficio del inciso alcanza a las cuentas exclusivas de las empresas dedicadas al servicio electrónico de pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de terceros cuando también actúen bajo esa modalidad. La modificación parece orientada a mejorar la técnica legislativa.
  3. En tercer lugar, se modifica el último párrafo del inciso vinculado a cuentas de pago utilizadas a través de dispositivos móviles y soportes electrónicos. La norma anterior extendía expresamente el beneficio a los movimientos efectuados por empresas dedicadas al servicio electrónico de pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de terceros, agregando además que tales sujetos continuaban gozando de la exención prevista en el inciso d) aun cuando intervinieran en esa operatoria. El nuevo texto mantiene la extensión del beneficio a esos movimientos, pero elimina la referencia expresa a la continuidad de la exención del inciso d). A primera vista, se trata de una simplificación de técnica normativa más que de un cambio de fondo.
  4. Adicionalmente, el decreto incorpora un nuevo párrafo en el inciso relativo a la administración del servicio de pagos de bienes y servicios a consumidores finales. Hasta ahora, el beneficio alcanzaba a las cuentas utilizadas en forma exclusiva dentro de esa operatoria, con inscripción en el Registro de la Resolución General (AFIP) 3900. A partir de la reforma del Decreto, la dispensa también se extiende a las cuentas utilizadas exclusivamente por sujetos que muevan fondos de terceros para concretar esa operatoria, siempre que el destinatario sea consumidor final y que los sujetos también se encuentren inscriptos en dicho registro. Esta incorporación amplía materialmente el alcance subjetivo de la exención dentro de la cadena operativa de pagos.

Nuevas exenciones incorporadas

El Decreto incorpora como últimos tres incisos del artículo 10 las siguientes exenciones, que no contaban con tratamiento previo en la norma:

  1. Se eximen las cuentas utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a sus actividades específicas por los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), en la medida en que se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales de la Comisión Nacional de Valores. Las cuentas beneficiadas deberán además inscribirse en el Registro dispuesto por la RG AFIP N° 3900/2016 o la que la reemplace, configurándose así un doble requisito registral como condición para la procedencia del beneficio.
  2. Se eximen las cuentas utilizadas de manera exclusiva por las empresas que operen sistemas de tarjetas de crédito, compra y/o débito, por los débitos en cuenta originados en préstamos bancarios destinados a financiar su actividad, y por los créditos y débitos generados en la emisión y cancelación de obligaciones negociables emitidas con el mismo fin.
  3. Se eximen las cuentas utilizadas en forma exclusiva por las empresas transportadoras de caudales para la rendición a sus titulares del dinero en efectivo recaudado, en la medida en que estén inscriptas en el Registro de transportadoras de valores administrado por el Banco Central de la República Argentina.

Derogación de la restricción general para operaciones con criptoactivos

Por último, el decreto deroga el anteúltimo párrafo del artículo 10 incorporado en 2021, que establecía que las exenciones del decreto y de normas similares no resultaban aplicables cuando los movimientos de fondos estuvieran vinculados con operaciones sobre criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales o instrumentos similares. La derogación de esa cláusula general resulta consistente con la incorporación simultánea de una exención específica para PSAV registrados, y revela un cambio de técnica: en lugar de una prohibición general, la norma pasa a reconocer expresamente determinados supuestos exentos bajo parámetros regulatorios concretos.

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Para información adicional, por favor contactar a Gastón Miani, Leonel Zanotto, Bárbara Durante, o Lucas Garin.


Impuesto a las Ganancias: ARCA establece un nuevo procedimiento para aplicar a convenios de doble imposición en pagos a beneficiarios del exterior


Hoy, 3 de junio de 2026, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General N° 5855/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), mediante la cual se sustituye la Resolución General N° 3.497 (DGI) de 1992 y su modificatoria (RG 2.228), actualizando el procedimiento aplicable a los pagos de rentas de fuente argentina a beneficiarios del exterior amparados por convenios para evitar la doble imposición. La nueva norma entró en vigencia hoy mismo y resulta de aplicación para los pagos que se efectúen a partir de los quince (15) días corridos desde esta fecha.

La normativa anterior - RG 3497/1992

Bajo el régimen anterior (RG 3497/1992), los beneficiarios del exterior debían cumplir con un procedimiento normativo, siempre que las rentas de fuente argentina de que se trataren encontraren un tratamiento especial en un convenio para evitar la doble imposición, y que el monto del impuesto que en definitiva corresponda retener o percibir superare en el transcurso de cada semestre calendario, el importe de mil pesos ($ 1.000.-).

Bajo dicho régimen, debían presentar ante el agente de recaudación una declaración jurada debidamente certificada por la autoridad fiscal competente del Estado contratante. Dicho formulario tenía una validez de hasta quince (15) meses desde la fecha de certificación.

El agente de retención correspondiente debía conservar una copia de dicha declaración jurada y, de no ser la misma exhibida al momento de ser pasible de retención, el agente practicaría la retención como si el tratamiento especial no existiera.

Finalmente, el agente podía reintegrar directamente al beneficiario del exterior el importe de las retenciones efectuadas en exceso.

En julio de 2024, la Resolución N° 616 del Ministerio de Economía estableció que la acreditación de residencia fiscal extranjera se realizaría a través del certificado emitido por la autoridad fiscal del Estado de residencia, desplazando el esquema de declaración jurada certificada que había funcionado por más de tres décadas. La RG 5855/2026 recoge e instrumenta ese cambio a nivel de la normativa de ARCA.

La nueva resolución - RG 5855/2026

En cuanto al instrumento de acreditación a los efectos de gozar del tratamiento especial previsto en los acuerdos y convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y la elusión fiscal suscriptos entre la República Argentina y otros Estados, el cambio más relevante respecto del régimen anterior es el reemplazo de la declaración jurada certificada por la autoridad fiscal extranjera por un certificado de residencia fiscal emitido por esa misma autoridad, vigente para el período fiscal en cuestión.

Dicho certificado debe presentarse ante el sujeto pagador de la renta con antelación a la fecha de pago -término establecido con el alcance determinado en el antepenúltimo párrafo del artículo 24 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, t.o. 2019 y modificatorias- o a la primera retención que corresponda practicar; en el caso de pagos sucesivos o periódicos imputables a un mismo contrato o instrumento similar, la obligación se cumple con anterioridad al primer pago o retención correspondiente.

En caso de que el certificado no indique plazo de validez, se lo considerará vigente por doce (12) meses desde su emisión. El certificado deberá contar con la correspondiente Apostilla —para países signatarios del Convenio de La Haya, aprobado por la Ley N° 23.458— o, en su defecto, con la legalización del Consulado Argentino en el país de que se trate. Este requisito no será exigible cuando dicho país cuente con un sistema oficial de verificación electrónica o digital del certificado.

Adicionalmente, la resolución establece que, con antelación a la fecha de pago, el sujeto pagador deberá requerir al beneficiario del exterior una declaración jurada suscripta con él -cuyo modelo obra en el Anexo de la RG-.

La nueva resolución también regula expresamente, a diferencia de la normativa anterior, el supuesto en que el sujeto pagador de la renta sea distinto del agente de retención, en cuyo caso el primero deberá remitir al segundo copia de la documentación mencionada en los puntos i), ii) y iii) del apartado "Documentación a conservar" de este newsletter, al momento de practicarse la retención o con anterioridad al pago.

A su vez, cualquier modificación dentro de las condiciones o de la documentación adjunta implicará que el beneficiario deberá presentar nuevamente ante el sujeto pagador el certificado de residencia fiscal quien, a su vez, deberá presentarlo también ante el agente de retención, en caso de que no se trataren del mismo sujeto.

Al igual que la normativa anterior, la nueva resolución establece que, en caso de que no se hubiera cumplido con la presentación del certificado de residencia fiscal vigente, se efectuará la retención sin considerar el tratamiento especial establecido en el acuerdo o convenio que evite la doble imposición, aplicando en subsidio lo establecido en las disposiciones pertinentes en la Ley del Impuesto a las Ganancias.

Por su parte, cuando se hubieran practicado retenciones en exceso —por ejemplo, por haberse obtenido el certificado de residencia fiscal con posterioridad al pago—, el agente de retención deberá, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos y reintegrados los importes excedentes al beneficiario, proceder a la anulación o modificación del certificado de retención correspondiente en el Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE). Para los casos en que el reintegro directo no resulte procedente, la norma habilita a recuperar las sumas ingresadas en exceso mediante las acciones previstas en la Ley N° 11.683, tanto para quien actúe en el país en representación del beneficiario del exterior como para el sujeto pagador que acredite haber asumido contractualmente el pago del impuesto y el perjuicio patrimonial consiguiente.

Por último, la norma aclara que sus disposiciones resultan aplicables incluso cuando, conforme al convenio respectivo, no corresponda efectuar retención alguna.

Modificaciones en el Anexo – Declaración Jurada del Beneficiario del Exterior

La nueva resolución aprueba un modelo de declaración jurada renovado, con los siguientes cambios respecto del anexo anterior:

El nuevo formulario incorpora el número de identificación fiscal (NIF) del beneficiario y un campo específico para identificar a su representante, agente o mandatario en el país con su CUIT/CUIL/CDI, datos que el modelo anterior no contemplaba.

En materia de descripción de la operación, el anexo anterior solo requería indicar el origen de la renta mediante referencia al artículo del convenio aplicable. El nuevo formulario amplía este apartado incorporando campos separados para la descripción del objeto del contrato o tipo de operación, la fecha de inicio y plazo de ejecución de la prestación, el tipo de renta con su descripción, y el encuadre en el artículo —e inciso, de corresponder— del convenio.

El cambio estructural más relevante es la eliminación:

  1. de la certificación por parte del beneficiario de que no posee establecimiento permanente o base fija en el país y de que reúne todos los requisitos para la aplicación del convenio para evitar la doble imposición; y
  2. del apartado de certificación por parte de la autoridad fiscal extranjera. Bajo el régimen anterior, dicha autoridad se expedía sobre la residencia del beneficiario y sobre la inexistencia de establecimiento permanente o base fija en Argentina. En el nuevo esquema, esa certificación pasa a ser un documento separado e independiente —el certificado de residencia fiscal—, mientras que la declaración jurada se mantiene como un instrumento a sola firma del beneficiario o su representante, sin intervención del fisco extranjero. En línea con ello, se elimina también la declaración expresa sobre la inexistencia de establecimiento permanente o base fija en el país.

Documentación a conservar

El sujeto pagador de la renta deberá conservar:

  1. el certificado de residencia fiscal;
  2. la declaración jurada conforme al nuevo modelo;
  3. los contratos o instrumentos similares, o bien las facturas o documentos equivalentes; y
  4. los comprobantes y papeles de trabajo relativos a cada operación susceptible del tratamiento impositivo especial. En caso de documentación en idioma extranjero, deberá contarse con traducción al español por traductor público matriculado, con firma legalizada.

Declaraciones juradas presentadas bajo el régimen anterior

Las declaraciones juradas oportunamente presentadas bajo la RG 3.497 (DGI) y la RG 2.228 mantienen su validez y eficacia durante su plazo de vigencia, en la medida en que no hayan cambiado las condiciones informadas en su momento.

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Para información adicional, por favor contactar a Gastón Miani, Leonel Zanotto, Bárbara Durante, o Lucas Garin.


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