Ley de Financiamiento Productivo N° 27.440

El 11 de mayo de 2018 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Ley N° 27.440 de Financiamiento Productivo, la cual introduce modificaciones a las Leyes N° 26.831 de Mercado de Capitales, N° 24.083 de Fondos Comunes de Inversión, N° 20.643 de Régimen para la Compra de Títulos Valores Privados, N° 23.576 de Obligaciones Negociables y al Código Civil y Comercial de la Nación en relación a la figura de fiduciario y el contenido del contrato de fideicomiso financiero, entre otros cambios, como así también nuevas reglamentaciones y conceptos respecto al financiamiento de PyMES, el impulso al financiamiento hipotecario y al ahorro, y a las letras de cambio y pagaré.

A continuación, detallamos las principales modificaciones y reglamentaciones introducidas por la Ley N° 27.440:

  • Mercado de Capitales:

    • Creación de las figuras de agente depositario central de valores negociables, agentes productores, cámaras compensadoras, entidades de registro de operaciones de derivados y los registros de operaciones de derivados, modificando en consecuencia las funciones de los mercados.
    • Exclusión de las mutuales de la exención o reducción de las tasas de fiscalización y control y aranceles de autorización de emisiones que la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) podrá disponer, las cuales solamente resultarán aplicables a PyMES y cooperativas.
    • Otorgamiento de nuevas facultades a la CNV para: (i) fijar los requisitos necesarios para actuar como cámara compensadora y agente registrado, como aquellos que deberán reunir los integrantes de sus órganos de administración y fiscalización; (ii) crear nuevas categorías de agentes, modificar las existentes y eliminar las creadas por su propia normativa; (iii) fijar los aranceles máximos que podrán percibir los mercados, cámaras compensadoras, entidades de registros de operaciones de derivados y los agentes registrados; (iv) dictar normas tendientes a promover la transparencia e integridad de los mercados de capitales y evitar situaciones de conflictos de interés entre estos y (v) dictar regulaciones referidas a mitigar situaciones de riesgo sistémico, entre otras.
    • Eliminación de ciertas facultades de la CNV para (i) designar veedores con facultad de veto de las resoluciones adoptadas por los órganos de administración de una sociedad y (ii) separar a los órganos de administración de una sociedad hasta regularizar las deficiencias que originaron la medida.
    • Extensión de la responsabilidad ante los mercados de todos los agentes registrados por cualquier suma que hubiesen abonado por su cuenta.
    • Aplicación del derecho de preferencia solamente en los casos específicamente indicados por el nuevo artículo 62 bis de la Ley de Mercado de Capitales y del derecho de acrecer sólo en caso que los estatutos sociales así lo dispongan.
    • Establece requisitos que deberán reunir quienes conformen el comité de auditoría de una sociedad que haga oferta pública de sus acciones cuando se prescinda de la comisión fiscalizadora.
    • Determina un mecanismo para establecer el precio equitativo de las ofertas públicas de adquisición obligatoria por toma de control.
    • Modificación de los montos aplicables por la CNV en concepto de multas (como así también sus plazos de pago), los cuales podrán oscilar entre los $100.000 (pesos cien mil) y los $100.000.000 (pesos cien millones), que podrá ser elevada hasta el quíntuplo del beneficio obtenido o del perjuicio ocasionado como consecuencia de ilícito en caso que alguno resultare mayor.
    • Modificación de la jurisdicción para recurrir resoluciones y multas impuestas por la CNV, resultando competentes los juzgados federales en materia comercial.
    • Incorporación de regulación específica para instrumentos derivados, exceptuando la aplicación de ciertas disposiciones de las Leyes N° 24.522 de Concursos y Quiebras, N° 21.526 de Entidades Financieras, de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y de los artículos 994 y 1.167 del Código Civil y Comercial de la Nación.
    • De vital importancia para el mercado de derivados en la Argentina, cabe destacar que con relación a la Ley de Concursos y Quiebras se exceptúa, entre otros, la aplicación de su artículo 130, lo cual permite la compensación después de la quiebra para los contratos de derivados. Esta modificación constituye un cambio trascendental en la materia, dado que hasta ahora la legislación argentina era considerada como “no-netting-friendly”, lo cual obstaculizaba en gran medida las operaciones de derivados.

  • Fondos Comunes de Inversión (“FCI”):

    • Determinación de (i) nuevos parámetros para la inversión en activos respecto de los FCI cerrados; (ii) nuevas prohibiciones relacionadas con la gestión del haber de los FCI; (iii) posibilidad de esclarecimiento sobre el depósito de los activos y (iv) deber de llevar libros registrales entre otros deberes de la sociedad depositaria.
    • Ampliación del criterio y la función de la sociedad gerente; asimismo, se elimina el patrimonio neto mínimo necesario para funcionar y faculta a la sociedad gerente del FCI de suspender el rescate de fondos ante situaciones que pongan en riesgo la cotización del valor de la cuota parte.
    • Establece la responsabilidad entre la sociedad gerente y la sociedad depositaria.
    • Permite la posibilidad de fusión y/o escisión de los FCI.

  • Compra de Títulos Valores Privados:

    • Eliminación del concepto de Caja de Valores, reemplazándolo por el término definido “agente depositario central de valores negociables” respecto de quien se enumeran y amplían sus facultades de conformidad a la CNV, como así también se amplían sus obligaciones y responsabilidades.
    • Ampliación de las personas habilitadas para ser depositantes y permite el depósito de valores negociables emitidos en el extranjero.
    • Faculta a la CNV para reglamentar el tratamiento a los saldos líquidos de dinero que administre el agente depositario.

  • Código Civil y Comercial de la Nación:

    • Introduce una aclaración sobre la figura del fiduciario sobre los fideicomisos participables.
    • Establece nuevo parámetro para la obligación de inscripción y la aplicación del plazo máximo de vigencia en relación al contenido del contrato del fideicomiso financiero.
    • Respecto a la emisión y caracteres de los certificados de participación, se permite la emisión explícita por parte del fiduciante como así también la posibilidad de endoso global cuando el activo subyacente de un fideicomiso financiero sean créditos instrumentados en títulos ejecutivos.

  • Obligaciones Negociables (“ONs”):

    • Inclusión de las garantías unilaterales como posible garantía de las obligaciones negociables y posibilidad de emisión de ONs con afectación parcial del patrimonio del emisor (incluso en caso de incumplimiento), pudiendo constituirse o no garantías sobre dichos activos.
    • Permite la emisión de ONs con cláusulas dólar-linked.
    • Establece que no resultará aplicable el artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación cuando las condiciones de emisión establezcan que los servicios de renta y amortización son pagaderos exclusivamente en monde extranjera.
    • Agrega que, como condición para la instrumentación de las ONs, las mismas deberán contener las condiciones de amortización, incluyendo los mecanismos de subordinación acordados eventualmente, facultando a la CNV para el establecimiento de otros requisitos.
    • Permite al emisor determinar las disposiciones en materia de quórum y mayorías, estableciendo aquellas modificaciones que podrán ser aprobadas por las mayorías establecidas para las asambleas extraordinarias. Adicionalmente, se establece que las condiciones de emisión podrán establecer un procedimiento para obtener el consentimiento de la mayoría exigible de obligacionistas sin necesidad de asamblea, por un medio fehaciente que asegure a todos los obligacionistas la debida información previa y el derecho a manifestarse.
    • Ampliación de 2 (dos) a 5 (cinco) años del plazo durante el cual el órgano de administración podrá ejercer las facultades que les fueran delegadas por la asamblea.

  • Letras de cambio y pagarés:

    • Para los pagarés negociados en los mercados registrados ante la CNV se establece que, en caso de que no indiquen el tipo de cambio aplicable al pago, se aplicará la cotización del tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina al cierre del día anterior al del vencimiento de cada cuota o del vencimiento del pagaré.
    • Establece que los agentes de custodia, registro y/o pago de los pagarés a ser negociados en mercados autorizados por la CNV, en ningún caso serán responsables por sus defectos formales ni por la legitimación de sus firmantes o la autenticidad de las firmas en los respectivos títulos.
    • Determina que los pagarés gozan de oferta pública y podrán ser negociados en los mercados autorizados por la CNV, siéndoles aplicables las exenciones impositivas correspondientes a valores negociables con oferta pública.

  • Otras disposiciones:

    • Establece un nuevo sistema de facturación para las PyMES, el cual será regulado por la AFIP, aplicable en las operaciones que lleven a cabo con “empresas grandes”, mientras que resultará optativo para las operaciones comerciales entre PyMES.
    • Para la emisión de letras hipotecarias, establece que en las mismas deberá constar si el monto de la obligación del mutuo hipotecario se encuentra sujeto a alguna cláusula de actualización monetaria, autorizando la ley explícitamente dicha actualización en excepción a lo dispuesto en los artículos 7° y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias y complementarias.
    • Incorpora un medio subsidiario de notificación al deudor cedido, a través de la AIF (CNV), en el contexto de una cesión en garantía de derechos como componentes de una cartera de créditos presentes o futuros.
    • Introduce modificaciones a la Ley de Seguros en cuanto a (i) prohíbe de la cobertura de riesgos provenientes de operaciones de crédito financiero puro, con excepción de operaciones de crédito financiero hipotecario, los cuales podrán cubrirse siempre y cuando no implique un encarecimiento para los tomadores de dichos créditos y en los términos de la reglamentación que dice al efecto la Superintendencia de Seguros de la Nación y (ii) posibilidad de actualizar las pólizas de seguros a través de la aplicación del CER sólo en casos de muerte y seguros de retiro.

 
Desde TRSyM nos encontramos a vuestra disposición para ampliar o desarrollar los puntos aquí expuestos.


Energía eléctrica: declaración de “Proyecto Crítico” y beneficio aduanero

El 2 de enero de 2018 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución Conjunta N° 4-E/2017 del Ministerio de Producción de la Nación (“MP”) y el Ministerio de Energía y Minería de la Nación (“MEyM”) (en adelante, la “Resolución”), por la cual se aprobó un procedimiento especial destinado a obtener la declaración de “Proyecto Crítico” y la aplicación del beneficio previsto en el artículo 34 de la Ley N° 26.422 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2009 -incorporado como artículo 106 de la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (en lo sucesivo, la “Ley”)-.

El mentado artículo 34 de la Ley prevé una eximición del pago del derecho de importación y de las tasas de estadística y comprobación a la importación para consumo de las mercaderías nuevas y no producidas en el país destinadas a obras de infraestructura, cuyo objeto constituya: (i) la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica, (ii) la prospección, exploración, producción y explotación de gas y petróleo; (iii) la constitución de nuevas refinerías de petróleo y ampliación de las existentes, y (iv) el transporte, almacenaje y/o distribución de hidrocarburos.

La Resolución se encarga de limitar su alcance a aquéllos sujetos titulares de proyectos de inversión de energía eléctrica a partir de fuente renovable de origen eólico, que hayan celebrado Contratos de Abastecimiento de Energía Eléctrica Renovable en el marco de las Rondas 1y 1.5 del programa RenovAr, y la Resolución N° 202/2016 y 168/2017 del MEyM.

A continuación se indican los aspectos salientes de la Resolución:

  1. Sujetos alcanzados

    La Resolución será de aplicación a aquellas sociedades titulares de los proyectos de inversión de generación eléctrica a partir de fuente renovable de origen eólico comprometidos en Contratos de Abastecimiento de Energía Renovable celebrados en el marco de la Ronda 1 y 1.5 del Programa RenovAr y las Resoluciones Nros. 202/2016 y 168/2017, ambas del MEyM.

    De tal manera, la Resolución no resulta aplicable a la Ronda 2 de RenovAr, cuyos adjudicatarios aún no han suscripto los respectivos Contratos de Abastecimiento de Energía Renovable.

  2. Mercaderías alcanzadas

    Las disposiciones de la Resolución comprenden, únicamente, la importación de aerogeneradores de potencia superior a setecientos kilovatios (700 kW) incluidos en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) 8502.31.00, por la potencia total y por las cantidades que para cada proyecto se consignan en los respectivos Certificados de Inclusión en el Régimen de Fomento de las Energías Renovables (en adelante, el “
    Certificado de Inclusión
    ”).

    En caso que no se hubieren consignado en el certificado de Inclusión, los interesados podrán solicitar a la Subsecretaría de Energías Renovables de la Nación su incorporación a los efectos de la aplicación de la Resolución y el Anexo.

  3. Destino

    El beneficio indicado será de aplicación en la medida que las mercaderías exentas sean destinadas en forma exclusiva a los proyectos mencionados más arriba.

  4. Plazo

    Los sujetos alcanzados podrán solicitar la declaración de “Proyecto Crítico” y el otorgamiento del beneficio previsto en el artículo 34 de la Ley hasta el día 31 de enero de 2018, inclusive. De otra parte, la importación de los equipos deberá realizarse antes del 31 de diciembre de 2019.

  5. Procedimiento

    La Resolución contiene el procedimiento que deben seguir los sujetos que pretendan obtener este beneficio, el cual consiste, básicamente en: (i) una presentación ante el MEyM, requiriendo la aplicación del beneficio; (ii) la suscripción del formulario “Datos de la Empresa”; (iii) documentación que acredite la representación legal invocada del firmante, en los términos de los artículos 31 y 32 del Reglamento Nacional de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017); (iv) individualización del proyecto; (v) declaración jurada de la que surja que los peticionarios no se encuentran comprendidos en ninguna de las situaciones previstas en los incisos a) a d) del artículo 12 de la Ley N° 26.360; (vi) la solicitud de incorporación en el Certificado de Inclusión de las mercaderías correspondientes a la posición arancelaria, en caso que éstas no se encuentren ya incluidas en el respectivo certificado, (vii) declaración jurada de cumplimiento con la Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos y 24.040 de Componentes Químicos.

    Cumplidas estas exigencias, se prevé una instancia de evaluación ulterior por parte de CAMMESA y la Dirección Nacional de Energías Renovables de la Subsecretaría de Energías Renovables. Si, a mérito de estos organismos, el requirente hubiese incumplido alguno de los requerimientos indicados previamente, se le otorgará un plazo adicional de diez (10) días a fin de que subsane este incumplimiento.

    El procedimiento culmina con una resolución de la Subsecretaría de Energías Renovables, que se notificará al peticionario y comunicará al MP y a la AFIP.

Desde TRSyM, firma legal líder en el sector eléctrico, estamos siguiendo estos desarrollos con mucha atención y estamos a disposición para ampliar cualquiera de los puntos aquí tratados.


Energías Renovables: Generación Distribuida

El 27 de diciembre de 2017, se publicó en el Boletín Oficial la Ley N° 27.424 que regula el “Régimen de Fomento de la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica” (en adelante, la “Ley”).

La Ley declara de interés nacional la generación distribuida y establece las condiciones jurídicas y contractuales para la generación de energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la red de distribución para su autoconsumo y eventual inyección de excedentes a la red (los “Proyectos”).

Principales aspectos de la Ley:

  1. Sujetos habilitados
    • Los usuarios conectados a la red de distribución pueden instalar el equipamiento necesario para la generación distribuida hasta una potencia equivalente a la que tengan contratada con el distribuidor para su demanda, previa autorización otorgada por el distribuidor.
    • El usuario que requiera instalar una potencia mayor a la que tenga contratada, deberá solicitar una autorización especial.
    • Todos los proyectos de construcción de edificios públicos nacionales deberán contemplar la utilización de algún sistema de generación distribuida proveniente de fuentes renovables.
    • Se propondrá la implementación de un sistema de eficiencia energética en los edificios existentes.
  2. Autorización de conexión
    • Deberá solicitarse al distribuidor.
    • Plazo para expedirse: el mismo plazo que la reglamentación local establezca para la solicitud de medidores.
    • No podrá rechazar la solicitud cuando los equipos de instalación se encuentren certificados.
    • El distribuidor deberá realizar una evaluación técnica y de seguridad de la propuesta de instalación del interesado.
    • Aprobada la evaluación técnica, el usuario-generador y el distribuidor suscribirán un contrato de generación eléctrica bajo la modalidad distribuida.
    • Los costos de la instalación no podrán exceder del arancel fijado para cambio o instalación del medidor, a menos que estén a cargo del distribuidor.
    • Se prevén sanciones para el distribuidor que no cumpla con los plazos establecidos en la Ley.
  3. Esquema de facturación

    Cada distribuidor efectuará el cálculo de compensación y administrará la remuneración por la energía inyectada a la red producto de la generación distribuida bajo el modelo de balance neto de facturación en base a los siguientes lineamientos:

    • El usuario-generador recibirá una tarifa de inyección, acorde al precio estacional.
    • El distribuidor deberá reflejar en la facturación el volumen de energía demandada y el volumen de energía inyectada a la red. Así, el valor a pagar será el resultante del cálculo neto entre el valor monetario de la energía demandada y el de la energía inyectada.
    • En caso de que exista un excedente a favor del usuario-generador, el mismo configurará un crédito para la facturación de los períodos siguientes. De persistir dicho crédito, el usuario-generador podrá solicitar al distribuidor la retribución del saldo favorable que pudiera haberse acumulado en un plazo a determinar por la reglamentación, que no podrá ser superior a seis (6) meses. Los créditos podrán cederse para usuarios conectados al mismo distribuidor.
  4. Autoridad de aplicación

    La autoridad de aplicación de la Ley será designada por el Poder Ejecutivo de la Nación y tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

    • Dictar las normas técnicas y administrativas para la aprobación de los Proyectos
    • Dictar las normas y lineamientos para la autorización de conexión a la red
    • Desempeñarse como fiduciante
    • Establecer el valor de la tarifa de inyección
    • Establecer los lineamientos generales de los contratos de generación eléctrica
  5. FODIS

    La Ley creó el Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (“FODIS”).

    • Objeto: la aplicación de los bienes fideicomitidos al otorgamiento de préstamos, incentivos, garantías, la realización de aportes de capital y adquisición de otros instrumentos financieros para el desarrollo de los Proyectos.
    • Partes: la autoridad de aplicación como fiduciante y fideicomisario del Fondo y el banco público seleccionado por el fiduciante como fiduciario. Los titulares de Proyectos aprobados serán los beneficiarios.
    • Patrimonio: constituido, entre otros, por: (i) los recursos provenientes del presupuesto nacional y que no pueden ser inferiores al cincuenta por ciento (50%) del ahorro efectivo en combustibles fósiles debido a la incorporación de los Proyectos; (ii) el recupero del capital e intereses de las financiaciones otorgadas; (iii) los recursos provenientes de aportes de organismos multilaterales de crédito; y (iv) los ingresos obtenidos por emisión de valores fiduciarios que emita el fiduciario por cuenta del Fondo.
    • Instrumentos: (i) Proveer fondos y otorgar facilidades a través de préstamos; (ii) Bonificar o subsidiar puntos porcentuales de la tasa de interés de créditos que otorgue o en los cuales intervengan entidades financieras u otros proveedores de financiamiento; (iii) Otorgar incentivos; y (iv) financiar actividades de difusión, investigación y desarrollo relacionadas a las posibles aplicaciones de estas tecnologías.
    • Exención: tanto el FODIS como el fiduciario, en sus operaciones relativas al FODIS, estarán eximidos de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro.
  6. Beneficios promocionales
    • El FODIS establecerá, por doce (12) años prorrogables por igual término, beneficios promocionales en forma de bonificación sobre el costo de capital para la adquisición de sistemas de generación distribuida de fuentes renovables.
    • La autoridad de aplicación podrá instrumentar un beneficio promocional en forma de certificado fiscal para ser aplicado al pago de impuestos nacionales.
    • La autoridad de aplicación establecerá beneficios prioritarios para la adquisición de equipamiento de generación distribuida a partir de fuentes renovables de fabricación nacional.
    • Para el ejercicio 2017 se prevé un cupo fiscal de pesos doscientos millones ($ 200.000.000) para ser asignado a beneficios promocionales.
  7. FANSIGED
    • Finalmente, y en sintonía con el objetivo de la norma, la Ley establece el “Régimen De Fomento para la Fabricación Nacional de Sistemas, Equipos e Insumos para Generación Distribuida” (“FANSIGED”) con una vigencia de diez (10) años prorrogable por igual término por el Poder Ejecutivo Nacional.
    • Las actividades beneficiadas por el régimen son las de investigación, diseño, inversión en bienes de capital, producción, certificación y servicios de instalación para la generación distribuida de energía a partir de fuentes renovables.
    • Los incentivos e instrumentos previstos son: (i) certificado de crédito fiscal; (ii) amortización acelerada del impuesto a las ganancias; (iii) Devolución anticipada del impuesto al valor agregado; (iv) Acceso a financiamiento de la inversión con tasas preferenciales y (v) Acceso al Programa de Desarrollo de Proveedores.
    • Sólo podrán adherir a los beneficios introducidos por el régimen las micro, pequeñas y medianas empresas constituidas en la República Argentina.
    • Para el ejercicio 2017 se prevé un cupo fiscal de pesos doscientos millones ($ 200.000.000) para ser asignado a los beneficios promocionales previstos en el presente capítulo.

Desde TRSyM estamos siguiendo el Régimen de Energía Distribuida con mucha atención y estamos a disposición para ampliar cualquiera de los puntos aquí tratados.


Energías renovables: Modificaciones a la Ley 26.190

El 23 de septiembre pasado el Congreso Nacional sancionó un proyecto de ley presentado por el Senador Marcelo Guinle en marzo de 2014 que modifica la Ley 26.190 (Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía). Si bien resta su promulgación por el Poder Ejecutivo y su publicación en el Boletín Oficial, se adelantan a continuación siete aspectos destacados de las reformas aprobadas ayer que pueden tener un impacto muy significativo en el desarrollo de las energías renovables en la Argentina:

1. El objetivo en materia de contribución de las fuentes renovables en el consumo de energía eléctrica se desdobla en dos etapas y se expande

Se establece un objetivo de corto plazo que es alcanzar el 8% al 31 de diciembre de 2017 (primera etapa) y un objetivo de largo plazo de alcanzar una contribución del 20% al 31 de diciembre de 2025 (segunda etapa).

2. Se introduce un régimen de incentivos fiscales para cada una de las etapas mencionadas en el punto anterior

El régimen incluye devolución anticipada de IVA, amortización acelerada del impuesto a las ganancias, certificados fiscales, exclusión de la aplicación del impuesto a la ganancia mínima presunta, entre otros aspectos, regulados en forma distinta para cada una de las etapas mencionadas en el punto precedente.

3. Se crea el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER)

En el FODER, a ser conformado como un fideicomiso de administración y financiero, el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación actúa como fiduciante, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) actúa como fiduciario y los beneficiarios son los titulares de proyectos de inversión en fuentes renovables de energía eléctrica aprobados por la autoridad de aplicación y destinados a la prestación de servicios públicos o al MEM.

Entre los recursos del FODER se prevén fondos a ser provistos por el Tesoro Nacional que no podrán ser anualmente inferiores al 50% del ahorro efectivo en combustibles fósiles debido a la incorporación de generación de fuentes renovables obtenido en el año previo.

El FODER podrá proveer fondos y otorgar préstamos, adquirir valores fiduciarios públicos y privados; realizar aportes de capital, y otorgar avales y garantías.

4. Se establece que todos los usuarios de energía eléctrica de la República Argentina deberán contribuir al cumplimiento de los objetivos de contribución al consumo de energía eléctrica por parte de fuentes renovables de energía

A tal fin, se establece una escala de contribución creciente en forma gradual es que la siguiente: 8% al 31 de diciembre de 2017; 12% al 31 de diciembre de 2019; 16% al 31 de diciembre de 2021; 18% al 31 de diciembre de 2023 y 20% al 31 de diciembre de 2025.

Los grandes usuarios con demandas de potencia mayor a 300 kW deberán cumplir con estos objetivos y a tal fin podrán autogenerar o contratar la compra de energía proveniente de diferentes fuentes renovables, pudiendo efectuarse dicha compra al generador, mediante un distribuidor, a un comercializador o a CAMMESA. Estos contratos no podrán superar un valor promedio de U$S 113 por MW/h pero cumplidos dos años desde la entrada en vigencia de la reglamentación, la Autoridad de Aplicación podrá modificar dicho valor para los contratos que se celebren a partir de ese momento.

Por el incumplimiento en las obligaciones de consumo de energía eléctrica de fuente renovable, deberá abonarse el faltante a un costo equivalente al costo variable de producción eléctrica con utilización de gasoil de origen importado calculado como el promedio ponderado de los doce meses del año calendario anterior a la fecha de incumplimiento.

Para el resto de la demanda se establece que la Autoridad de Aplicación dispondrá las medidas que sean conducentes para la incorporación al MEM de nuevas ofertas de energías renovables que permitan alcanzar los objetivos de la norma en los plazos allí estipulados.

5. Se introduce un régimen de importaciones

Hasta el 31 de diciembre de 2017 se exime a los titulares de los proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables del pago a los derechos de importación por la introducción de bienes de capital, equipos especiales o partes o elementos componentes de dichos bienes, nuevos en todos los casos.

6. Se dispone que el acceso y el uso de las fuentes renovables de energía no estarán gravados por canon, regalía o tributo específico alguno

Esta estipulación estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. No obstante, se deja abierta la posibilidad de la percepción de un canon por la eventual utilización de tierras fiscales.

7. Se da jerarquía legal a las normas en materia de despacho y se estipulan normas en materia de respaldo físico

Se establece que la energía eléctrica proveniente de recursos renovables intermitentes tendrá, en su despacho, un tratamiento similar al recibido por las centrales hidroeléctricas de pasada y que no será exigible el respaldo físico de potencia a los efectos de la autogeneración con energía renovable ni de los contratos de compraventa que se celebren.


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